Martín Aguilar
El Plan B de la reforma electoral planteaba la reducción de las estructuras del INE y de los institutos locales, elimina ocho de cada 10 plazas del Servicio Profesional Electoral y permite la intervención de funcionarios en elecciones, entre otros cambios.
Durante la trasmisión del programa, Del Pasado al futuro, conducido por Rosalía Buaun y Tony Mancuso, acompañados por el director editorial de Cúspide y Liberal Metropolitano, Lino Calderón, diputada federal Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda y el representante de la Asociación de Locutores de México en Guerrero, Felipe Leyva.
Sodi Miranda señaló que diputada federal Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda señaló que el Plan B quiso debilitar al INE, quitarle más de 4.500 millones de pesos, quitarle más de 2.000 personal, equivalente al 75% de personas, quitándole funciones, atribuciones y tiempos para que no pueda ejercer sus funciones el árbitro electoral.
La legisladora señaló que al aprobarse el Plan B elimino un 84,6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral y la estructura subdelegacional, lo que pondría en riesgo la eficacia y eficiencia en el desarrollo de los procesos electorales y la atención en los módulos donde se realiza el trámite de la credencial para votar.
Dijo que gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al proceso legislativo, particularmente, al principio de la deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias".
Sodi Miranda comentó que "la gravedad de las infracciones en conjunto permitía concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular".
La diputada agregó que en los diputados de Morena y PT no leen los minutas de las reformas que vienen del ejecutivo, pero solo porque se trata del presidente, lo aprueban en Fast-Track o al vapor, por lo que también augura que también será declarada la invalidez de la segunda parte del "plan B" electoral, así como de la veintena de reformas a distintas leyes aprobadas por la vía rápida en las cámaras de Diputados y de Senadores en la recta final del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión que concluyó en abril pasado.
"No solamente este conjunto de leyes, sino también las que se acaban de aprobar recientemente, el paquete de 20 leyes que en menos de un santiamén fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y luego también en un desaseo legislativo por la Cámara de Senadores, deben correr la misma suerte", aclaró.
Además de presidir la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Sodi Miranda agregó que las necesidades consideradas básicas de la tercera edad y con discapacidad, son la alimentación, salud, educación y vivienda, por lo que como legisladores que somos y más por la Comisión que ella preside, la obligación es de apoyarlos y que cuenten con los recursos suficientes del gobierno, a través de las secretarias encargadas para que no los descuide y los apoye.
Por su parte, Felipe Leyva dijo que en Guerrero, sucede lo mismo con los diputados locales que no han aprobado las reformas de grupos vulnerables y aunque ha estado al pendiente para exigirles a los mismos legisladores que lo hagan, principalmente de Morena, por tener la mayoría en el Congreso, no los han tocado, por eso hay mucha pobreza en Guerrero.
Y anunció el Congreso Nacional Retos y Desafíos del Derecho del Trabajo a realizarse en Zacatecas el 19 y 20 de mayo, organizado por el Colegio de Abogados Laboralistas de Zacatecas y la FEMECA.
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