Diputados locales pretenden reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles para regular a los estacionamientos

Rebeca Marín

Se ponen en orden los estacionamientos públicos de las 16 alcaldías y se llevan acciones para evitar que los dueños o administradores de los mismos cometan abusos en contra de los automovilistas, al decidir la mayoría de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles, para dar lugar a un nuevo reglamento de esos negocios que contendrá tarifas sectorizadas y que, sustituirá al que está vigente desde hace 31 años.

 

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRD en el recinto de Donceles y Allende, Víctor Hugo Lobo Román, al congratularse de que fue avalada la modificación a la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías, así como a los artículos 10, 48, 49 y 50 de la Ley de Establecimientos Mercantiles en materia de estacionamientos públicos, fundamentó que de esta manera terminan los abusos en esos negocios, en los que es común impongan su propio mecanismo de operación, reglas, tarifas y cláusulas que, incluso, son ilegales, porque van en contra de lo que establecen diversas normas, legislaciones y el propio Código Penal local.

 

El diputado perredista reconoció que los estacionamientos presentan irregularidades en los contratos de adhesión y falta de información al público sobre los costos de sus servicios, lo que ahora se combatirá con las reformas realizadas.

 

Con la decisión asumida por los congresistas, dijo, esos negocios tendrán que acatar las normas implementadas por la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y, sobre todo, las alcaldías, que tendrán facultades para supervisar.

 

Explicó que con la aprobación del dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Alcaldías y Límites Territoriales, para terminar con los abusos y demás irregularidades en los estacionamientos públicos de la Ciudad de México, se contará con un sistema confiable que permita saber las particularidades de estos establecimientos, como número de los que existen por alcaldía, rango de tarifas, contratos de prestación de servicios o número de cajones, además de diversas irregularidades.

 

Era urgente crear un sistema de registro, que almacena toda la información referente a los estacionamientos existentes en la Ciudad de México y cómo operan", delineó en entrevista el representante popular de la Revolución Democrática para explicar los cambios a las leyes.

 

Mencionó que se logró, con la iniciativa que él presentó en la materia, que las demarcaciones cuenten con un sistema de registro de estacionamientos públicos existentes dentro su territorio, que contendrá datos de los responsables del establecimiento.

 

También se sabrá de los contratos de prestación de servicios, póliza del seguro, capacidad del estacionamiento, además de que su ubicación y funcionamiento serán regidos por el reglamento que para tal efecto emita el gobierno capitalino.

 

Resulta que las tarifas serán establecidas de manera sectorizada, considerando el tipo de vialidad en el que están, afluencia, número de estacionamientos en la zona y capacidad de los mismos.

 

Además, las tarifas deberán ser autorizadas de manera anual y publicarse en la Gaceta Oficial capitalina, antes de comenzar el ejercicio respectivo.

 

Lobo Román expuso que los dueños o administradores de los estacionamientos, al igual que los acomodadores de vehículos, serán responsables del daño y robo parcial o total de la unidad resguarda.

 

Se tendrá que cubrir el pago total del deducible si se trata de robo total o parcial o cuando el daño sea atribuible al titular u operador, el cual bajo ninguna circunstancia, correrá a cargo de persona distinta a la del responsable del establecimiento mercantil.

 

También, deberán sujetarse a la tarifa autorizada, la que deberá tenerse en lugar visible para los usuarios, y bajo ninguna circunstancia podrán exhibir o manifestar por cualquier medio a los usuarios disposiciones o cláusulas contrarias a lo establecido en el ordenamiento. 


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