Rebeca Marín
El exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, obtuvo una suspensión definitiva en contra de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Luego de otorgarle una suspensión provisional hace una semana, este miércoles el juez Enrique Vázquez Pérez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ratificó el recurso promovido por el exfuncionario y le concedió la suspensión definitiva, la cual evita, de momento, que sea detenido.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Gavira Segreste de ser uno de los 22 implicados en la presunta compra irregular de más de siete toneladas de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin que generó un daño al erario por 142 millones 440 mil 883 pesos.
Este es el tercer proceso del que se conoce en contra del exfuncionario de Segalmex, pero el primero que libra de ser vinculado a proceso.
En abril de 2022, René Gavira fue vinculado por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con un valor de 100 millones de pesos provenientes de la dependencia que se encarga de promover la seguridad alimentaria, la nutrición y la distribución eficiente de alimentos básicos en el país.
La FGR lo señaló en ese proceso de uso ilícito de atribuciones y facultades, por los actos que supuestamente realizó entre el 14 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2020 en su calidad de titular de Finanzas a través de una Casa de Bolsa.
Posteriormente, en noviembre del mismo año, de nueva cuenta fue vinculado a proceso, ahora por aparentemente haber renovado un contrató que derivó en adquisiciones ilícitas hechas con recursos públicos entre 2019 y 2022.
En ese proceso no se hizo público el monto al que ascendió el daño al presupuesto de Segalmex, sin embargo, similar al anterior, el juez le impuso acudir a firmar cada 15 días a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional, la prohibición de salir de la Ciudad de México y la zona metropolitana y el no acercarse a los testigos.
De no haber conseguido la suspensión definitiva en este nuevo proceso, René Gavira pudo haber sido vinculado nuevamente a proceso con la diferencia de que en esta ocasión uno de los delitos de los que se le acusa es delincuencia organizada, cargo que amerita prisión preventiva oficiosa.
De tal manera que habría sido encarcelado mientras concluye el proceso en su contra, similar a lo que ocurre con las otras siete personas, entre ellas Artemio Gutiérrez Rodríguez, encargado del almacén de Diconsa en Guanajuato; Simón Escobar Copca, exjefe del almacén de Diconsa en Querétaro; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa, y Roberto Rivera Ramos, subgerente de Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa en Querétaro.
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