Martín Aguilar
Homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios son algunos de los delitos que elementos de seguridad de México habrían cometido durante el 2022, según el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU).
Según el reporte 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico, no sólo miembros del Ejército Mexicano, también policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los Derechos Humanos (DDHH) a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia. Mismos que, destacó, han contribuido a la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamientos a los presuntos responsables.
"Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil", señaló en la introducción del informe tras repasar la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
De ese modo, el Departamento de Estado dio a conocer que los "informes fidedignos" en cuestión de violación de DDHH incluyeron homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, tales como el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato o el de la niña Heidi Mariana Pérez por una bala perdida tras un tiroteo iniciado por elementos de la Defensa Nacional (Sedena) — dependencia que, recordó, habría persuadido económicamente a la familia para retirar los cargos.
Otro ilícito mencionado fue el de las desapariciones forzadas en las que se acusa una presunta colusión entre grupos delincuenciales con autoridades y cuyas investigaciones, enjuiciamientos y condenas "fueron raras". En ese sentido, señaló vacíos informativos en las bases de datos federales y estatales, así como fragmentación en los sistemas forenses: "El volumen de casos sin resolver era mucho mayor que los sistemas forenses eran capaces de manejar".
Este punto se relaciona con los informes recibidos por presunta complicidad entre agentes del gobierno con bandas criminales, cuyos crímenes quedaron en gran parte sin investigar o perseguir.
Asimismo, el Departamento abundó en las detenciones arbitrarias, específicamente, para los procedimientos de arresto y tratamiento, así como la prisión preventiva: "Las autoridades no siempre liberaron rápidamente a las personas detenidas ilegalmente", externó respecto a esta última.
"La ley establece límites de tiempo y condiciones para la prisión preventiva, pero las autoridades federales a veces no los cumplieron porque el número de casos excedía con creces la capacidad del sistema judicial federal".
La hostil retórica que el presidente López Obrador ha lanzado contra medios críticos de su gobierno fue otro de los puntos que el Departamento de Estado incluyó como violatorio a los Derechos Humanos. Esto, destacó, luego que el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (FFAA) los presentara como "parciales, partidistas y corruptos".
En ese sentido, coincidió que las agresiones a la prensa se intensificaron con la entrada de la polémica sección del Quién es quién de las mentiras y que ha fungido como un espacio que propicia estigmas y descalificaciones hacia los medios o las personalidades críticas del Gobierno, pese al discurso de AMLO que la defiende como "la sección" para combatir la desinformación.
A ello, la entidad estadounidense subrayó que los altos índices de impunidad por homicidios a periodistas — especialmente con agendas de crimen, corrupción y política local — han derivado en la autocensura y reducción de libertad de expresión.
Y aunque el Gobierno Federal se ha comprometido en garantizar seguridad para las y los comunicadores, la violencia contra éstos continúa tangente e impune. Tanto así que de los 15 homicidios registrados del 2022 (el más violento del sexenio) sólo se ha obtenido sentencias condenatorias en uno de ellos.
El informe externó preocupación por los altos índices de impunidad en crímenes relacionados a la violencia de género y señaló que datos del 2019 señalan que sólo 2% de las víctimas han recibido apoyo. En cuanto a la violencia doméstica, sólo se persiguió a los responsables en el 5% de los casos y 1% han terminado con sentencias condenatorias.
De acuerdo con del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los 12 meses del 2022 sumaron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales sólo 947 (es decir el 33.7%) se investigaron como feminicidios - los cuales son abordados como "presuntos" ante la falta de resolución -, mientras que el resto se considera por homicidio doloso.
Bajo ese tenor, el recuento de la tendencia nacional del SESNSP arroja que 2 mil 807 mujeres murieron por homicidio doloso en el 2022, lo que posiciona a dicho año como el segundo con más víctimas de este delito después del 2019, que cerró con 2 mil 875.
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