Rebeca Marín
Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda avalaron el proyecto por el que se modifica la Ley General de Comunicación Social en materia de límite de gastos en las entidades federativas.
La propuesta busca establecer que las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinen su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.
La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, y el senador Rafael Espino de la Peña de Estudios Legislativos Segunda notificaron voto por unanimidad para derogar la disposición que ordena a las entidades federativas homologar el límite de sus gastos en materia de comunicación social al 0.1 del Presupuesto de Egresos Anual aprobado por sus respectivas legislaturas.
Mónica Fernández Balboa asentó que las características geográficas, sociales, económicas y culturales de cada región son elementos necesarios para considerar en la forma de comunicarse con la población, de ahí la importancia de que los gobiernos locales establezcan su propio límite de gasto en comunicación social.
Por su parte, el senador Rafael Espino de la Peña consideró que establecer límites fijos era una invasión de facultades de la Federación hacia los gobiernos locales, por lo que lo correcto es que ellos mismos, conforme a sus circunstancias, determinen su propio límite de gastos en materia de comunicación social.
El senador Eli Cesar Eduardo Cervantes Rojas, del partido Morena, indicó que la Constitución establece que los estados y municipios tienen autonomía en su gobierno y en la administración de sus recursos, por lo que el Congreso de la Unión no puede dictar medidas que restrinjan la forma en la que ejercen su presupuesto.
En tanto, el legislador panista Damián Zepeda Vidales, expresó que esta modificación resarce un error que contenía el denominado Plan B en materia electoral, ya que el tope a los gobiernos en materia de comunicación social atenta contra el ejercicio del gasto público de estados y municipios.
A su vez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora del PRI, señaló que la pretensión centralista de imponer un porcentaje máximo no tomó en cuenta las características y presupuestos propios de cada entidad federativa, lo que impulsaba una disparidad entre los estados con más ingresos y aquellos con recursos más limitados.
Noé Castañón Ramírez de MC, celebró esta modificación, pues subsana un error en el Plan B electoral; sin embargo, advirtió que este cambio no altera de forma y fondo el carácter inconstitucional de las reformas planteadas en esta materia.
En otro tema, los senadores avalaron un proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, con el objetivo de reconocer a las mujeres que han forjado nuestra patria.
Se planteó que se ice la bandera en los edificios sede de las autoridades y de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el extranjero, así como en los edificios de las autoridades e instituciones que presten servicios educativos y médicos y en las oficinas migratorias, aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos, y en plazas públicas, en reconocimiento.
Se busca reconocer a Elvia Carrillo Puerto, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo, María Josefa Cresencia Ortiz Téllez–Girón, Rita Cetina Gutiérrez, Hermila Galindo Acosta, Dolores Jiménez y Muro, y María del Carmen Martina Serdán Alatriste
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