El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrentará una prueba de fuego al final del año, cuando se discuta su presupuesto en la Cámara de Diputados.
De entrada, el organismo aprobó un proyecto para el 2023 de 14 mil 439 millones de pesos.
El monto incluye recursos para organizar el proceso electoral del Estado de México y Coahuila.
Asimismo, considera el arranque del esperado 2024, que oficialmente iniciará el mes de septiembre del próximo año.
Además, contempla un presupuesto precautorio de 4 mil 025 millones de pesos para organizar una eventual consulta popular.
Ese gasto operativo del INE representará el 0.9% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), equivalente a 20 centavos por cada 100 pesos del gasto.
Sin embargo, sobre el INE y sus consejeros cierne la amenaza de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para desaparecerlo y eventualmente aplicarle un recorte.
¿La democracia está en peligro? Desde que inició la presente administración, el jefe del Ejecutivo ha hecho todo lo posible por denostarlo y desprestigiarlo.
Pero su férrea campaña ha caído en el vacío, toda vez que el INE se encuentra como una de las instituciones más reconocidas y de prestigio por la ciudadanía.
¿Por qué el gobierno quiere desaparecer al organismo? Todo apunta a controlar el proceso electoral del 2024. No es poca cosa lo que se disputará.
El cargo más importante es la elección del nuevo Presidente para el periodo 2024-2030. Se votará por 500 diputados federales y 128 senadores.
También se renovará nueve gubernaturas: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como 30 congresos estatales.
De ese total de gobiernos, seis están en manos de Morena y por primera ocasión enfrentarán la prueba del ácido en cuanto a aceptación.
Se trata la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, entidades donde el partido en el poder tiene focos rojos.
La proyección del INE para esas fechas, es de un listado nominal de 97.4 millones de electores, con la instalación de 168 mil 299 casillas.
Es evidente que por todo lo que estará en disputa, el gobierno de López Obrador buscará controlar el proceso. No le será nada fácil, aunque lo intentará.
Este panorama se da en medio de una soterrada disputa por el poder a dos años de que concluya la actual administración.
Persisten los tiempos adelantados de campaña, con su consecuente y sistemática violación a la Constitución y a las normas en la materia.
La crispación aumentará conforme se acerque el proceso, toda vez que el gobierno y sus integrantes están en plena campaña. ¿Habrá consecuencias?
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