Rebeca Marín
Con el debilitamiento de la pandemia de Covid-19, los campos agrícolas en Estados Unidos han vuelto a llenarse de trabajadores, en su mayoría migrantes mexicanos y centroamericanos, pero las condiciones laborales con las que están siendo contratados se han deteriorado, advierte el Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, que agrupa a más de 200 mil afiliados.
En un estudio realizado entre 200 granjas localizadas a lo largo de la frontera con México, que contrataron a jornaleros en los primeros seis meses de 2022, la organización civil, con sede en El Paso, Texas, descubrió que los trabajadores están siendo contratados con la mitad del sueldo que recibían antes de la pandemia.
Además, no cuentan con servicios de salud ni de educación cuando llegan con su familia, a pesar de que los contratos así lo estipulan.
"Los jornaleros pertenecen a un sector que durante muchos años han sido marginados de los programas federales, y maltratados por sus patrones, pero después de la pandemia las condiciones se han deteriorado aún más. El trabajo para ellos ha vuelto, pero están recibiendo salarios bajos, a la mitad del promedio, y trabajan en condiciones sanitarias deplorables, amén de los peligros a los que se exponen en su jornada diaria, muchos trabajan sin condiciones de seguridad social ni asistencia médica", subraya el documento.
Agrega que, en comparación con otros sectores productivos, muchos de los hombres, mujeres e incluso niños que laboran en los cultivos carecen de servicios médicos y es frecuente verlos cruzar la frontera hacia México para adquirir sus medicamentos y automedicarse.
Esta situación surge del hecho de que muchos de los productores agrícolas se interesan más en maximizar las ganancias a costa de la salud, la seguridad y la calidad de vida de sus empleados, pese al papel fundamental que desempeñan en el sistema alimentario de ese país.
El informe subraya que las leyes laborales que se han promulgado en Estados Unidos para proteger a los trabajadores agrícolas se redactaron de forma deficiente y casi no se hacen cumplir, lo cual hace posible que los empleadores exploten a sus trabajadores con poco o ningún temor de sufrir el peso de la ley.
Carlos Marentes, líder del Centro de Trabajadores Fronterizos, asegura que al ver una mano dócil y obediente, los patrones cometen toda una serie de abusos contra los campesinos, quienes por miedo a represalias callan las injusticias de las que son víctimas.
"Hay programas bajo las leyes de migración, acuerdos entre Estados Unidos y México que contienen ciertas protecciones asentadas en los contratos, pero aquí la pregunta es: ¿quién vigila que se respete?", cuestionó Marentes a El Sol de México.
Explicó que el Programa H-2A permite que empleadores o agentes estadounidenses que cumplen con requisitos reglamentarios específicos lleven a extranjeros a Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en la agricultura, pero al igual que los residentes de ese país, sufren de condiciones inseguras y peligrosas.
Para colmo, agregó, ha habido recortes en los programas de atención médica, por lo que las clínicas rurales han mermado el servicio. "Han sido muy discriminados en cuestión de recursos y es frecuente ver a trabajadores enfermos, deshidratados y mal comidos", dijo.
De acuerdo con el informe, en los campos de Hatch y Deming, Nuevo México, donde se cosecha chile, cebollas, alfalfa, algodón, nueces, productos lácteos, heno y maíz, los campesinos no reciben el salario que merecen y no gozan de los derechos laborales que deben tener ni mucho menos de la atención médica, igual que ocurre en los campos del Valle Bajo, en El Paso.
Según cifras del Departamento del Trabajo, el sueldo promedio a nivel nacional en Estados Unidos es de 16.25 dólares por hora, sin embargo, este salario regularmente no se respeta por parte de los empleadores por lo que sigue prevaleciendo la explotación a decir de los propios campesinos.
En promedio, una jornada laboral puede extenderse de ocho a 15 horas, según sean las condiciones establecidas por el productor agrícola o el contratista.
Los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador negocian la ampliación de visas agrícolas para mexicanos como medida para frenar la migración ilegal, lo que a consideración de Marentes sólo alentará la explotación si no es vigilado de manera efectiva por parte de las autoridades de ambos países.
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