Martín Aguilar
Para establecer medidas en favor de la simplificación administrativa y digitalización de procesos referente a la tramitación de programas internos de protección civil, conforme a la iniciativa enviada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, diputados del Congreso de la Ciudad de México decidieron reformar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, con lo que se hicieron cambios a la vigencia de los programas interno de las unidades habitacionales.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del órgano deliberativo, Héctor Barrera Marmolejo explicó que, con las modificaciones a la legislación, se logró que, en casos de construcción de obras o demolición, haya consenso con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para continuar con la presentación de programas internos, a través del estudio de análisis de riesgo.
Además de lo anterior, homologar la obligatoriedad de la póliza de seguro de responsabilidad civil con daños a terceros, para salvaguardar el patrimonio de vecinos colindantes con obras.
El legislador integrante de la bancada del PAN, al fundamentar el dictamen, se refirió a la simplificación de procesos, entre ellos, el establecimiento del Cuestionario Clasificatorio de Nivel de Riesgo, en que se determinan e identifican los inmuebles de uso habitacional, establecimientos mercantiles, espacios públicos y privados que requieren un Programa Interno de Protección Civil, conforme a su grado de riesgo o vulnerabilidad.
Y declaró; "este cuestionario operará a través de una plataforma digital, que facilitará la tramitología para la presentación de programas internos; se elimina la duplicidad con las alcaldías y se establece, como facultad de la secretaría, publicar y mantener actualizado el Padrón de Responsables Oficiales de Protección Civil".
Barrera Marmolejo expuso que con las reformas se modifica la vigencia a cinco años de los programas internos para unidades habitacionales, así como tres años a inmuebles del sector público, mientras que establecimientos mercantiles de mediano y alto riesgo se sujetarán al resultado del cuestionario señalado.
Esos programas serán vigentes dos años para escuelas públicas y privadas, hospitales y establecimientos industriales; en tanto que para los centros comerciales se mantiene la obligatoriedad de contar con por lo menos un especialista en atención médica prehospitalaria, algo que no traía la iniciativa y se logró en las comisiones dictaminadoras, detalló el congresista.
El panista indicó que en los programas internos se integran acciones específicas para los grupos de atención prioritaria, además de criterios de inclusión y capacitación.
Por lo que hace a los programas especiales, se propone que, para los aforos mayores a 500 personas, deben ser capturados en la plataforma digital con 10 días de anticipación y sólo registrados por las alcaldías; mientras que los eventos masivos realizados por el gobierno local se registren con 15 días de anticipación y este mismo hará el registro.
A opinión de la diputada de Acción Nacional, Gabriela Salido Magos, al razonar su voto, el paquete de reformas enviado por la responsable de la administración capitalina, crea más conflictos que beneficios, cuando en un principio se buscaba la reactivación económica.
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