Rebeca Marín
La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, promueve sanciones a empresas que no cumplan con la regulación establecida en el saneamiento de aguas, mediante cambios a la ley en la materia.
Dejó en claro que se viven momentos cruciales para intentar solucionar y revertir el gran problema hídrico que tiene la capital del país, con un crecimiento industrial y empresarial, que juega un papel primordial para dicha solución.
"Gobierno e industria necesitan poner manos a la obra para que la ley no se siga transgrediendo, pero mientras nuestra flamante gobernadora no ponga atención y siga aspirando, así como los legisladores de mayoría realmente piensen en comunidad, la vida de esta ciudad y del mundo se seguirá consumiendo", declaró.
La diputada de la bancada del PAN señaló que la regulación de las descargas de aguas residuales, ha generado un debate entre dar prioridad al cuidado de la vida y la sustentabilidad.
Delineó que, por otra parte, están los costos que involucran el cuidado del medio ambiente y la limitación económica en ciertos giros, para la aplicación de plantas de tratamiento o tecnologías, que favorezcan a la naturaleza y medio ambiente.
"Los cuerpos de agua en todo el mundo continúan reduciéndose, incrementando la escasez hídrica y construyéndose la catástrofe que se espera, esto va a pasar, al no accionar lo que nos corresponde como habitantes de este planeta y sin distinción es el caso de la Ciudad de México", expresó.
Luisa Gutiérrez acotó que en la metrópoli hay medianos y pequeños giros que acaparan el agua a nivel local, consumiendo en un mes 13 millones de litros, con lo que se supera por mucho al promedio de consumo mensual en un usuario doméstico en la capital que son 15 mil litros.
Asimismo, la legisladora panista difundió que de acuerdo con la organización internacional Transnational Institute, el acaparamiento del líquido es la apropiación de un bien público, para el beneficio de empresas privadas y puede ir desde la extracción para su comercialización hasta su consumo masivo con fines de lucro.
Dio cuenta que actualmente la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua en la Ciudad de México, prevé en su artículo 35 fracción XI, inciso a, que se deberá usar agua residual tratada, producida en plantas de tratamiento libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que no pongan en peligro la salud en aquellos establecimientos mercantiles, industriales, comerciales, de servicios, de recreación y centros comerciales, que ocupen una superficie de 2,500 metros cuadrados en adelante.
Sin embargo, la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, no contempla una sanción por no cumplir con esta disposición.
Por lo anterior propuso que se adicione la fracción XII del artículo 70 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, para sancionar a quienes no cumplan lo dispuesto en el artículo 35.
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