La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria para determinar si existieron actos de corrupción o negligencia de parte de funcionarios o exfuncionarios federales, estatales o municipales, que propiciaron la inundación del pasado 6 de septiembre en el municipio de Tula, Hidalgo, hechos que ocasionaron la muerte de 14 personas en un hospital del IMSS ubicado en esa localidad.
La indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR y se inició luego de que la tragedia no es atribuible a la lluvia que cayó o a situaciones imprevistas, sino resultado de a una serie de decisiones y respuestas que premeditadamente se tomaron. A partir de dicha publicación la senadora, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal.
Anteriormente la FGR ya había iniciado una investigación por el delito de homicidio culposo en agravio de las 14 personas que fallecieron en el hospital federal, pero el nuevo expediente se centrará en las posibles responsabilidades por acción u omisión de los servidores públicos.
El escrito de la denuncia a partir del cual se ha iniciado la indagatoria, y que serán los hechos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) investigará, centra el análisis en dos situaciones: la lentitud de la atención ante la emergencia y las decisiones tomadas que generaron el desbordamiento del Río Tula.
En cuanto a la atención, y como este medio pudo documentar, pese a que existían canales para alertar ante una situación de emergencia ni las autoridades federales, ni las estatales o locales dieron aviso previo al personal del hospital del riesgo de desbordamiento. Dicha omisión trajo consigo que no se pudieran tomar medidas de preparación o mitigación para salvaguardar la integridad de las personas en el nosocomio.
Al Centro Virtual de Operaciones y Emergencias en Desastres (CVOED) del IMSS, que tiene a su cargo la infraestructura hospitalaria y la seguridad de los pacientes ante situaciones de crisis, tampoco llegaron alertas del Comité Nacional de Emergencias. El titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, declaró que recibió una llamada de autoridades de Hidalgo con la petición de evacuar pacientes hasta las 6 de la mañana del 7 de septiembre, cuando los 14 pacientes ya habían fallecido tras quedarse sin aire por el daño que propició la inundación a los equipos.
Contrario al argumento inicial sobre que la lluvia torrencial fue la causa principal del desastre, la denuncia sostiene que lo ocurrido fue resultado de decisiones previas tomadas por las autoridades. Literalmente, la noche del 6 de septiembre, la CONAGUA en conjunto con el Sistema de aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Agua del estado de México, decidieron activar un mecanismo de drenaje metropolitano que conduce las aguas residuales del Valle de México hacia el río Tula. "Premeditadamente se decidió inundar Tula", indica la denuncia presentada.
Esta situación se vio agravada por la entrada en funcionamiento en 2019 del Túnel Emisor Oriente que potencializó la capacidad de desagüe de la Ciudad de México, pero sin que la actual administración pusiera en marcha las obras necesarias de mitigación y reforzamiento sobre el río Tula para prevenir su desbordamiento.
Todo ello sumado a la decisión del gobierno federal de no desfogar con suficiente anticipación el nivel de agua de diversas presas en Hidalgo, se combinaron para elevar el riesgo de que ocurriera una crisis como finalmente aconteció, según la denuncia asentada en la carpeta de investigación.
La semana pasada el gobierno federal a través de la Conagua emitió un informe oficial en el que reconoció que la inundación en Tula fue propiciada, principalmente, por el desfogue de aguas negras enviadas desde la Ciudad de México. No obstante, sostiene que la combinación de diversos factores generó una situación fortuita que derivó en el grave incidente.
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