Asambleístas del PAN presentaron ante la Contraloría General del Distrito Federal una queja en contra de los jefes delegacionales en Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Xochimilco, por su inasistencia a las comparecencias programadas el 24 de febrero en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En entrevista, los diputados Gabriela Salido y Gabriel Gómez del Campo, afirmaron que existe evidencia documental que avala que los jefes delegacionales y la Secretaría de Gobierno local fueron notificados de las comparecencias, "por lo que no hay justificación para que no se hayan presentado".
Salido Magos, dijo, "existe un acuerdo de la Comisión de Administración Pública local donde se convocó a los 16 jefes delegacionales según lo que marca la ley, y cuando los funcionarios envían información para la comparecencia hay una aceptación implícita al conocimiento de esta convocatoria".
"El diputado perredista Eduardo Santillán declaró que la falta de presencia de los propios jefes delegacionales fue derivado de un problema interno de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa, lo que no los excluye ni exime del cumplimiento de la ley", aseveró.
A su vez, Gómez del Campo explicó que las sanciones a la que se harían acreedores los delegados podrían ser una suspensión o un apercibimiento, pero se requiere que "la Contraloría empiece a funcionar y no actúe por consigna o por órdenes del jefe de Gobierno del Distrito Federal".
El presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sostuvo que hasta el momento no hay una reprogramación oficial para que los tres delegados acudan a rendir cuentas ante este órgano legislativo.
"Vamos a estar presionando, pues sabemos que la Contraloría no tiene tiempos, atiende muchas veces a criterios políticos o a que se muera el tema, pero nosotros no vamos a dejar que se muera porque integramos esa comisión y vamos a estar insistiendo", señaló Gómez del Campo.
Insistió en que "la rendición de cuentas de los jefes delegacionales debe ser en absoluto respeto a la Asamblea Legislativa, sobre todo a los ciudadanos", por lo que "se debe sancionar el desaire por parte de estos funcionarios".
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