Martín Aguilar
Para sancionar de manera severa los sabotajes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y otros medios de transportación en la capital del país, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, promueve una serie de cambios al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica local.
El diputado de la bancada de Morena detalló que el 4 de julio de 2022, hubo un corto circuito en la Línea 2 provocado por un objeto en las vías, donde mil 300 personas resultaron afectadas, mientras que el 12 de enero pasado un policía auxiliar detuvo a una persona por arrojar objetos a las vías del Metro y el último más reciente, en la Línea 7 por la separación de dos vagones del Metro.
"Todos estos hechos, de los que menciono solo algunos, afectan de manera directa tanto el servicio como a los usuarios, y hago mención de esto porque autoridades como el propio director del Metro y la Fiscalía General de Justicia, han afirmado que se tratan de hechos totalmente atípicos e intencionales, es decir, ocasionados por los mismos usuarios", delineó.
En entrevista el diputado morenista hizo un llamado a la población a no tergiversar la información, ya que la militarización del Metro es absolutamente falsa, la Guardia Nacional es una institución de nuestro país que está para salvaguardar la integridad de todos los mexicanos.
Al referirse a su propuesta que la Mesa Directiva del Congreso turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del recinto de Donceles h Allende para su análisis y dictamen, expuso que con relación a la Ley penal, se adiciona una fracción III y se reforma el tercer párrafo del artículo 331 para sancionar a la persona que altere, interrumpa, obstaculice, dificulte, o destruya dolosamente el equipamiento urbano del transporte público colectivo, donde que se propone imponer de uno a cuatro años de prisión y de 100 a cinco mil días multa, es decir, hasta 518 mil 700 pesos.
Además, se añade una agravante para aumentar la pena principal en dos tercios, cuando estas acciones sean cometidas por algún servidor público.
Ello para quien altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de forma que no puedan advertirlas los conductores; o derrame sustancias deslizantes o inflamables.
De esta manera, la agravante consiste en establecer que, si alguno de los hechos a que se refiere este artículo, se ejecuta por una persona servidora pública, la pena se aumentará en dos tercios, de tal suerte que la penalidad quedaría de 10 meses a 3 años 4 meses de prisión.
Norberto Sánchez dijo que, en relación con la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México, se pretenden sanciones más firmes y específicas contra daños al mobiliario urbano y a bienes del transporte público en el artículo 29 de la misma, con la fracción 6 Bis, para establecer que comete una infracción cívica la persona que se atreva a dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido del equipamiento urbano o unidades del transporte público colectivo.
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