SCJN invalida decreto para que García Cabeza de Vaca tome el control de la policía de Matamoros

Martín Aguilar

A unos días de que se discutan las controversias constitucionales sobre su desafuero y orden de aprehensión, programadas para el 17 de agosto, el gobernador panista de Tamaulipas,

 

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sufrió el primer revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Y es que este miércoles la Segunda Sala del Alto Tribunal invalidó el decreto con el que García Cabeza de Vaca, asumió el control total de la policía municipal de Matamoros, bajo el argumento de que había "alteraciones graves al orden público".

 

Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala de la Corte determinaron fundada la controversia constitucional que interpuso el municipio de Matamoros contra el decreto publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas el 21 de septiembre de 2021, mediante el cual Cabeza de Vaca extendió la vigencia de otro decreto, publicado el 22 de septiembre de 2020, ello con el fin de asumir el control de la policía municipal hasta el 22 de septiembre de este año, sin que existan o hayan existido alteraciones graves al orden público y fuerza mayor.

 

En noviembre de 2021, el síndico segundo de Matamoros, Alejandro Villafañez Zamudio, argumentó que el mandatario estatal violó el principio de municipio libre garantiza

 

Villafañez agregó que pese a que el decreto fue promulgado el 21 de septiembre de 2020, cuando se suscitaron en esa entidad múltiples enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas federales, su vigencia se amplió sin justificación.

 

El mandato del gobernador García Cabeza de Vaca concluye el próximo 30 de septiembre, cuando será sustituido por el gobernador electo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Américo Villarreal.

 

En sus considerandos del  decreto de 2020, el mandatario local argumentó que se presentaron alteraciones graves a la seguridad pública en la localidad, derivadas de protestas promovidas por la delincuencia organizada, para impedir que el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Seguridad Pública meta en orden a los prestadores del servicio de taxi. 


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