Una juez federal dejó sin efecto un amparo promovido por Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el que buscaba evitar que se cumplimente una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en delitos cometidos en el caso AgroNitrogenados.
La juez Luz María Ortega Tlapa, adscrita al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, negó el recurso que promovió la hermana del exfuncionario federal desde mayo pasado contra la orden de captura que giró un juez a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Gilda Susana es señalada por la FGR de supuestamente beneficiarse de los sobornos de más de tres millones de dólares que recibió su hermano de la empresa Altos Hornos de México.
Según la causa penal en su contra, dicho dinero habría sido transferido a una cuenta bancaria de Gilda Susana Lozoya Austin y posteriormente se habría ocupado para comprar la residencia del propio Emilio en Lomas de Bezares.
Por ello, la juzgadora determinó sobreseer dicho amparo y mantener la orden de captura en contra de ella, con el fin de que comparezca ante las autoridades.
Sobre el caso AgroNitrogenados, el exfuncionario federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha señalado en más de una ocasión su intención de pagar los montos correspondientes a la reparación del daño.
En junio pasado, en un comunicado difundido mediante su defensa, el exdirector de Pemex informó que en ése y el otro caso correspondiente a Odebrecht entabló negociaciones con el Consejo de Administración de la paraestatal mexicana a fin de establecer la cantidad a resarcir.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha negado que Emilio Lozoya haya dado cumplimiento a la reparación del daño en ninguno de los dos casos, por lo que no ha recibido ningún beneficio procesal. De tal manera que se programaron para el próximo 4 y 7 de noviembre sus audiencias intermedias en las que se definirá si el exfuncionario enfrentará un juicio o finalmente logra un acuerdo reparatorio.
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