Rebeca Marín
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) solicitó participar en la discusión y análisis del Plan General de Desarrollo y el Plan General de Ordenamiento Territorial que elabora el gobierno y el Congreso de la Ciudad de México, por los desarrolladores "lo que queremos es que exista una legislación clara e ir de la mano con las autoridades".
Así lo declaró Ignacio Lacunza, presidente de la AMPI al señalar que de las 32 entidades del país, solo 20 tienen leyes en materia de vivienda y desarrollo urbano, pero varias de ellas todavía no tienen reglamento.
En conferencia de prensa, Lacunza Magaña señaló que el Infonavit era la institución que colocaba más créditos hipotecarios, pero actualmente esto ha bajado. Comentó que entre 2012 y 2016, el Infonavit colocó 1 millón 744, 780 créditos de vivienda, mientras que entre 2018 a 2022 solo 665,672; es decir, menos de la mitad de lo que se tenía.
Ignacio Lacunza destacó la necesidad de una normatividad clara para la construcción de vivienda, sobre todo, para cerrar el paso a posibles actos de corrupción, como el caso del cartel inmobiliario que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación.
"Qué esperamos nosotros, definitivamente un reordenamiento, hemos conocido precisamente a través de la prensa, como ha habido desarrollos que prácticamente han estado fuera de lo que es la normatividad, lo que esperamos definitivamente es la aplicación irrestricta de la ley, de los planes de desarrollo urbano, y que los planes de desarrollo urbano estén consensuados; es decir, no pueden salir solamente de la autoridad, deben de participar grupos interdisciplinarios, de tal manera, que podamos tener planes que vaya acorde a lo que es el desarrollo de cada ciudad y de cada municipio", declaró Ignacio Lacunza.
De acuerdo con datos de la AMPI, la inversión en el mercado inmobiliario al cierre de diciembre de 2022 alcanzó los 265,720 millones de pesos en el rubro de vivienda tradicional, lo que representó el 52% del total de inversión.
Mientras que en vivienda vacacional fue de 90,143 millones de pesos, lo que representa el 17.6%; en hoteles fue de 48,075 millones de pesos (9.4%); en el segmento comercio ascendió a 46,572 millones de pesos (9.1%), y en el sector inmobiliario industrial fue de 42,494 millones de pesos (8.3%).
Consideró que en 2023, el sector está muy optimista, toda vez que la demanda inmobiliaria no se detiene, se adapta a los nuevos requerimientos.
Sin embargo, consideró que un rubro en el que se deben buscar alianzas, es el de la vivienda de interés social; la cual, requiere de la intervención del gobierno en alianza con la iniciativa privada y los organismos empresariales, para poder absorber la demanda.
Comentó que el problema que se enfrenta la construcción de vivienda de interés social es la escasa disponibilidad de terreno dentro de las zonas urbanas, por lo que cuando se identifica un lugar adecuado y barato para llevar a cabo un proyecto, éste se encuentra en la periferia y no hay servicios; por ello, señaló la importancia de que los gobiernos tanto municipales y estatales participen con la dotación de servicios y las empresas con la construcción de los inmuebles, para responder a la demanda creciente de vivienda.
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