CNDH confía en que los responsables de los 43 normalistas sean juzgados

Martín Aguilar

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confió en que el trabajo de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia sea el pertinente para esclarecer los hechos del caso Iguala y para que todas las personas responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ya sea por acción u omisión de sus funciones, sean juzgadas y sancionadas conforme a derecho.

 

A través de un comunicado, el organismo expresó su compromiso de acompañar a las madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que desde hace ocho años reclaman.

 

Explicó que los  crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, no prescriben, y su castigo resulta fundamental para la construcción de un auténtico Estado de derecho en México.

 

"Estaremos muy atentos al desarrollo del proceso, o los procesos que, con motivo de las investigaciones, tengan lugar. Y hacemos un respetuoso llamado a los jueces que están llamados a intervenir, para que no permitan que la impunidad manche estas acciones, fundamentales para alcanzar la verdad y la justicia, y para resarcir el daño causado a las familias de las víctimas de este condenable crimen de Estado".

 

Aseguró que la llamada "verdad histórica" fue solo un argumento construido desde el Estado, en complicidad con la propia CNDH, para ocultar los hechos y a quienes estuvieron implicados en ellos, tanto en su ejecución como en su encubrimiento, recurriendo incluso a la tortura de personas y a la alteración o modificación de los escenarios en donde pudieron encontrarse indicios para realizar una adecuada investigación, colusión que hoy queda acreditada pero que por años se acalló, y que sólo buscaba ocultar los lazos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales, estatales y municipales.

 

Acusó que la extinta Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos, facultad constitucional de la CNDH.

 

"El trabajo de dicha Oficina Especial se hizo bajo secrecía y compartimentación de la información, a tal grado que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso; que se obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas que en su momento tuvieron conocimiento de los hechos, y que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiales, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes. Además, se omitió el hallazgo de porciones petrosas de huesos, importantes para las investigaciones", dijo. 


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