Empresario neoleonés denuncia a titular de la UIF en NL por lavado de dinero

Rebeca Marín 


Empresario inmobiliario denuncia a titular de la UIF de Nuevo León por presunto lavado Raymundo Ramírez Pompa, un empresario del ramo inmobiliario, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al titular de la UIF del gobierno de Nuevo León, Carlos Eduardo Mendoza Cano, por su presunta participación en una red delincuencial que, aseveró, realiza operaciones de lavado de dinero y fraudes para despojar de sus bienes a empresas o familias, utilizando escrituras y otros documentos falsos.

 

Agregó que para llevar a cabo los despojos, actúan con la complicidad de jueces, funcionarios de la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Registral y Catastral, notarios públicos, y hasta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no emite recomendaciones contra los servidores públicos implicados en estos ilícitos.

 

En las denuncias presentadas el pasado 28 de septiembre, Ramírez Pompa pide a la UIF  y al SAT, se investigue también al gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda ya que Mendoza Cano, en su papel de abogado de dicho grupo delictivo que se apodera ilegalmente de bienes inmuebles, en las diligencias judiciales, al igual que sus clientes, aporta el domicilio y correo electrónico de Firma Contable y Fiscal SC, de la que junto con la empresa Firma Jurídica y Fiscal, son fundadores y socios Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

 

Dicha empresas, recordó se vieron implicadas en supuestas operaciones de triangulación de recursos y aportaciones ilícitas a la campaña de García Sepúlveda por la gubernatura del estado. 

 

Los señalados por el empresario son los hermanos Emilio y José Tancredi Flores, sus padres, José Tancredi Martínez y María Graciela Flores Maynes, así como el chofer César Rolando Franco Espinosa y su esposa Karla Elizabeth Juárez, entre otros amigos y familiares.

 

Ramírez Pompa, señaló que estas personas que ha representado y defendido Mendoza Cano, al amparo del despacho de García Sepúlveda y García Mascorro, obtienen cuantiosos beneficios económicos al ostentarse como dueños exhibiendo documentos y contratos falsos de compra-venta, pues tan sólo en su caso, pretenden despojarlo de inmuebles valuados en 500 millones de pesos y de otros 500 millones de pesos a personas a las que él ya les vendió diversas propiedades.

 

Ramírez Pompa entregó a la UIF y al SAT, diversas pruebas documentales y videos de diligencias judiciales, para acreditar los delitos que dice fueron cometidos por el abogado y sus clientes, como fue el caso de una operación de donación simulada de una casa entre los miembros de dicha familia y venta posterior de la misma en 3.9 millones de dólares, unos 78 millones de pesos, para evitar el pago de impuestos y ocultar el origen de los recursos.

 

Y en esas operaciones ilícitas, agregó, contaron con la asesoría del abogado Mendoza Cano, quien antes de ejercer como litigante, estuvo como director general de Fiscalías Investigadoras, Averiguaciones Previas y Procesos de la Procuraduría Generalde Justicia del Estado, cuando estuvo al frente de dicha entidad pública el controvertido abogado Roberto Flores Treviño, en el primer tercio del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón que inició en octubre de 2015.

 

Mencionó que después que como funcionario de la Procuraduría, Mendoza Cano participó en el despojo de una de sus propiedades, al dejar el cargo en la continuación del litigio se pasó a representar legalmente a los que antes había beneficiado como servidor público.

 

Ramírez Poma expresó que hace 33 años creó su empresa y nunca había sido demandado por sus operaciones en el sector inmobiliario; pero desde hace tres años la situación cambió por la descarada colusión entre autoridades y delincuentes, por lo que hoy enfrenta 50 demandas de los integrantes del citado "grupo criminal", que lo denunciaron por enajenar propiedades que afirman les pertenecían o exigen la entrega de otras que aseguran  ya les vendió, exhibiendo facturas y otros documentos falsificados.

 

Agregó que Emilio Tancredi, es un delincuente que se dedica a eso, han cateado su domicilio para detenerlo;  "falsificaron mi firma y en una simple hoja de máquina hicieron un contrato que no cumple ninguna formalidad de las que pide cualquier notario: te tienes que identificar, acreditar la personalidad, acreditar propiedad".

 

 "Dicen que les vendí en 2012 porque a partir de junio de 2013, la Ley Antilavado establece la forma de pago para ese tipo de operaciones, y ellos no tienen forma de comprobar que me hicieron algún pago. Yo hice una colonia con 120 lotes hace diez años, pero ellos asentaron en papeles falsificados que les vendí un año después en diez millones de pesos todo el terreno en breña, y ahí cada una de las 120 casas vale 20 millones de pesos".

 

El problema es que si les funciona la demanda por fraude en mi contra, le van a pegar a más de cien familias que me van a demandar, si la autoridad dice que antes le vendí a otras personas, reflexionó Ramírez Pompa, quien tiene otras 50 propiedades y demandas similares por cada una de ellas, pues reclaman la propiedad mediante contratos falsos, expresó el entrevistado.

 

"Esas atrocidades no salen mucho en medios, porque atacan al débil, al vulnerable, a la viuda;  a un empresario le quitan un terreno, pero si tiene 20 o 30 no puede desatender su empresa por defender lo menos", comentó.

 

Ramírez Pompa citó que aunque la designación de Mendoza Cano como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Nuevo León, se anunció el pasado 26 de julio, todavía en el gobierno de Jaime Rodríguez y a 65 días de que asumieron el mando del ejecutivo estatal, en el medio político, periodístico y de la abogacía, se interpretó como el primer nombramiento para el nuevo gobernador, dada la relación laboral y de amistad que habían cultivado con el polémico litigante.

 

Pero lo que preocupa más, señaló el empresario, es que pusieron y mantienen a Mendoza Cano en un cargo, supuestamente para evitar que se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero,  como las que originaron su denuncia contra el funcionario ante el SAT y la UIF. Así que si no se pone remedio, ahora las cometería disponiendo de recursos públicos, concluyó el empresario.

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