A punto de estallar huelga en el Monte de Piedad ante graves violaciones a su CCT

A punto de estallar huelga en el Monte de Piedad ante graves violaciones a su CCT
La empresa amenaza con cerrar temporalmente y suspender más de 7 millones de préstamos a pignorantes 
Lino Calderón 

Ante "la cerrazón" de Nacional Monte de Piedad a dialogar e "insistencia de liquidar" el contrato colectivo (CCT), el Sindicato Nacional de Trabajadores de esta institución prepara ya la huelga en las más de 300 sucursales, cuyo emplazamiento vence a la medianoche de hoy, señaló el dirigente sindical Arturo Zayún González.
A unas horas de que culmine el plazo para la huelga en Nacional Monte de Piedad, la institución señaló que el costo de las prestaciones laborales es "insostenible", al grado que podría cerrar la mayoría de las sucursales o definitivamente cerrar temporalmente, frenando los préstamos de más de 7 millones de préstamos a pignorantes cada semana. 
De acuerdo con el expediente 105/ 2022 de la Junta de Conciliación y Arbitraje y Conflictos Colectivos  de agosto de este año las violaciones de la empresa son tal que los trabajadores quedan totalmente desprotegidos por lo que se exige el fortalecimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.
En entrevista, acusó que la administración de la institución de asistencia privada despidió de manera injustificada a ocho empleados más, que se suman a los 20 sindicalizados destituidos a principios de este mes, después de que 89 por ciento de los más de 2 mil 500 trabajadores avalaron su CCT en el proceso de legitimación realizado el mes pasado.
"La administración está muy cerrada, quieren todo el contrato colectivo. Ya son 28 despedidos; ocho adicionales, entre ellos un delegado, un secretario seccional y seis sindicalizados, y ello implicó el cierre de más sucursales en Matamoros, Tamaulipas, y en Tecomán, Colima", detalló.
Mencionó que ayer sostuvieron una reunión en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero –dijo– la representación jurídica de Nacional Monte de Piedad persiste en su negativa de negociar la petición de un aumento salarial de 18 por ciento, desconocer el contrato colectivo, que beneficia a más de 2 mil 600 empleados y más de mil 300 jubilados, y a su sindicato titular.
Dejaría función asistencial
Zayún González expuso que la intención de la empresa dedicada al empeño es "abandonar" la función asistencial para la que fue creada hace 247 años, convertirla en una financiera a su servicio –ofreciendo préstamos y tarjetas de crédito– y así introducir un contrato de protección.
"Con recursos propios, Monte de Piedad –cuyo patronato está conformado por banqueros con recursos propios–, compró la financiera y la meten para operar con productos como préstamos y tarjetas de crédito, y relegar el préstamo prendario".
La institución ha señalado que el CCT que actualmente rige las relaciones laborales es "oneroso y rígido" y no puede mantenerlo; incluso, el pasado primero de agosto presentó un conflicto colectivo de naturaleza económica a fin de anular la contratación colectiva.
El dirigente sindical indicó que las partes sostendrán hoy una nueva audiencia en busca de "conciliar y que la empresa rectifique su postura", de lo contrario –adelantó– la huelga estallaría en el primer minuto de este jueves.
De acuerdo con el sindicato el despido de 20 trabajadores "de manera injustificada" luego de la legitimación de contrato, ha sido calificada por especialistas como una clara violación al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
El proceso de legitimación de contrato colectivo de trabajo que llevó a cabo el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros se encuentra en la incertidumbre. El Nacional Monte de Piedad, en su calidad de patrón, busca su extinción el contrato a través de un recurso jurídico denominado conflicto de carácter económico, lo que podría llevarlo a su cancelación, a pesar de la decisión de los trabajadores.
El Nacional Monte de Piedad violó la Ley Federal de Trabajo (LFT) cuando intervino en el proceso de legitimación del Contrato Colectivo, "existen llamados escritos incluso al respecto. Asimismo, viola el Contrato Colectivo cuando despide a 20 dirigentes sindicales y pretende dar por terminadas las relaciones laborales mediante un juicio de naturaleza económica bajo la hipótesis de que la materia de la empresa funciona mal y, por lo tanto es el caso liquidar el Contrato Colectivo y establecer nuevas relaciones laborales", dijo Alfonso Bouzas, especialista laboral y coordinador del Observatorio de la Reforma Laboral.
Arturo González, secretario general de Sindicato, dijo que hay un claro interés por desaparecer el contrato colectivo y abandonar los fines asistenciales de la institución y convertirla en una financiera a su servicio. "Los estados financieros no se han dado a conocer, se afirma que los costos salariales son la razón de la crisis de la empresa y se olvida que por más de 50 años evadieron la afiliación del personal al IMSS".
Cabe recordar que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) avaló el proceso de legitimación e informó que los resultados arrojaron que los trabajadores de dicha institución, votaron a favor de respaldar su contrato colectivo de trabajo vigente. De un padrón de 2,553 afiliados, 2,203 trabajadores votaron a favor de ratificar el contrato colectivo de trabajo, mientras que 278 lo hicieron en contra, lo que representa una participación del 97 por ciento.
Asimismo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral destacó que "es responsabilidad de los sindicatos llevar a cabo este procedimiento y cuyo plazo vence el 1° de mayo de 2023. A través de este procedimiento, son ya más de 2 millones 94,162 trabajadores, que han respaldado a la fecha 8,083 Contratos Colectivos de Trabajo".
El despido de 20 trabajadores "de manera injustificada" luego de la legitimación de contrato, ha sido calificada por especialistas como una clara violación al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el Convenio 135 en el que se "establece que los trabajadores en la empresa deben gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos".
En ese caso los despedidos son secretarios generales y delegados sindicales de diversas secciones y en varias entidades del país como son Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Jalisco, Yucatán, Estado de México y la Ciudad de México.

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