Martín Aguilar
La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas dio a conocer que el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez tiene una orden de aprehensión, como resultado del acompañamiento que ha hecho a pueblos y comunidades que denuncian y enfrentan a grupos criminales.
"La mayoría de las zonas de nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, presenta situaciones de conflicto (…) al hacer un trabajo de acompañamiento en el sufrimiento de los pueblos y buscar la verdadera vida para los mismos, se afectan los intereses de personas y grupos.
Pareciera el motivo para que se reaccione con persecución, intimidación, amenazas y encarcelamiento", señala en un comunicado, la organización religiosa más importante en Chiapas.
A través de redes sociales, personas que acusan al sacerdote detallaron que la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares giró una orden de aprehensión contra Marcelo Pérez, por la desaparición de 21 personas de Pantelhó.
Cabe recordar que estas 21 personas fueron detenidas por pobladores de Pantelhó en julio de 2021, presentadas en el kiosko del parque central y luego llevadas a otro lugar, como parte de las acciones con las que habitantes del municipio expulsaron a presuntos integrantes del grupo criminal llamado "Los Herrera", que habría asesinado a unas 200 habitantes de esa región, entre ellas Simón Pedro, integrante del grupo Las Abejas de Acteal.
Los 21 desaparecidos, según testimonios de pobladores, participaron en asesinatos, venta de armas y drogas, entre otros agravios. Luego de su detención fueron llevados a otro lugar y ya no volvieron a ser vistos.
Familiares de los desaparecidos también acusaron a Pedro Cortés, un anciano ligado a la Diócesis de San Cristóbal, quien posteriormente fue nombrado presidente del Concejo de Gobierno; y al sacerdote Marcelo Pérez, a quien la Diócesis nombró como mediador en el conflicto.
La intermediación del sacerdote y de otros religiosos y organizaciones defensoras de derechos humanos, evitó que el gobierno mexicano reprimiera a la población, y logró consolidar un Concejo de Gobierno.
Sin embargo, apenas en mayo pasado, las autodefensas El Machete expulsaron de Pantelhó al Concejo de Gobierno. El Concejal presidente Pedro Cortés dijo que esto se debió a que el órgano de gobierno municipal se negó a desviar recursos del erario hacia el grupo de autodefensas, y a que este grupo aplica la justicia por propia mano; incluso presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado.
Pese a este antecedente, el Congreso de Chiapas destituyó a Pedro Cortés y su Concejo de Gobierno, y la Fiscalía de Justicia lo detuvo el 21 de junio pasado, acusado de la desaparición de los 21 de Pantelhó.
También se giró una orden de aprehensión contra el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien meses antes había sido citado a declarar sobre estos hechos.
Desde diciembre de 2021, ante el incremento de las acciones de grupos del crimen organizado en los municipios indígenas de Chiapas, la Diócesis de San Cristóbal llevó a cabo una asamblea extraordinaria donde acordó como principal punto "dar pasos para la construcción de paz desde el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia ante la violencia del crimen organizado", lo que incluyó la realización de un diagnóstico y tener alianzas con personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones que coincidieran en este propósito.
Un año antes, en febrero de 2020, en una carta pastoral, la Diócesis había denunciado que "el crimen organizado cada día ocupa más espacios en el territorio chiapaneco, dolorosamente se va sumando a la situación nacional, y se da una lucha entre grupos en competencia a nivel estatal y local.
En este rubro destaca la trata de personas para la pornografía, venta de órganos y la explotación sexual y laboral de migrantes y nacionales… Dichos grupos y fuerzas, en muchos municipios, logran controlar a las autoridades municipales. Todo esto causó inseguridad, violencia, extorsiones y desplazamiento forzado de personas y familias".
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