Desde el punto de vista humanitario, uno de los aspectos positivos que nos ha dejado la pandemia por Covid-19 ha sido la gran solidaridad y empatía por parte de los trabajadores de la salud hacia los enfermos y sus familias.
Y como testimonio de ello, ahí están las muestras de agradecimiento por parte de la sociedad civil. Sin embargo, durante los llamados picos de los contagios, también nos hemos percatado del incremento inhumano de actos de corrupción en hospitales, laboratorios y principalmente servicios de ambulancias.
Un análisis de la plataforma #DenunciaCorrupción, de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, reveló, por ejemplo, que se denunciaron cobros indebidos en hospitales públicos y privados, que iban de 300 a 2 mil pesos, tan solo para que a los enfermos se les atendiera más rápido, se le otorgara una cama o las ambulancias los trasladaran a un nosocomio.
Desde que inicio la pandemia, como legisladora y funcionaria pública he mantenido una comunicación constante con los vecinos sobre los principales problemas de salud y económicos que enfrentan. Sin embargo, uno de los aspectos que han destacado es el abuso que han sufrido por parte de las ambulancias patito que no cuentan con personal capacitado, cobran cifras muy altas por el traslado de los pacientes y reciben dinero de hospitales privados por llevarles pacientes.
El año pasado, una mujer me comentó que su marido —un hombre de 82 años—, durante la madrugada, había comenzado a sentir fuertes dolores en el pecho, y de inmediato llamó al teléfono de emergencias 911 para que lo auxiliaran. Una operadora tomó los datos del paciente, los síntomas que presentaba y le solicitó su dirección. Luego le dijo que desde ese momento una ambulancia se dirigía a su domicilio y le pidió quedarse en la línea, para verificar la llegada de los paramédicos.
La mujer se sorprendió al ver que hasta su hogar llegó no una, sino dos ambulancias privadas, con logotipos desconocidos. Uno de los paramédicos ingresó a su casa, tomó los signos vitales del paciente y recomendó trasladarlo a un hospital privado para que lo estabilizaran, ya que la mayoría de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estaban destinados a atender enfermos de Covid. La mujer al no contar con recursos para pagar ese tipo de atención —no sólo por el servicio de ambulancia, sino de servicio hospitalario—, por sus propios medios trasladó a su esposo hasta un consultorio cercano, donde él falleció al llegar.
La terrible anécdota, nos hace recapacitar en el sentido de que las autoridades no han logrado evitar que se lucre con los servicios de salud. Todos los días se cometen ese tipo de monstruosidades que ponen en riesgo la vida de los pacientes.
Desde hace mucho tiempo, la forma como operan los paramédicos de esas unidades llamadas patito es conocida por los socorristas de la Cruz Roja, con los que, incluso, se han enfrentado a golpes. En entrevistas con diversos medios han explicado que el personal de este tipo de ambulancias escanean las frecuencias que utiliza el 911, y en el momento en que se recibe una llamada de emergencia y se solicita el servicio de unidades pertenecientes a instituciones públicas, aprovechan para robar los datos, llegar antes a los domicilios y cobrar cantidades exorbitantes por el servicio.
Ante este tipo de situaciones que incluso han provocado el choque de ambulancias por disputarse el servicio a los pacientes, el Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local coinciden en la urgencia de acelerar la regulación del sistema prehospitalario y de emergencias.
En Donceles, legisladores de Morena presentaron una propuesta para que las Secretarias de Salud y Movilidad implementen mecanismos de verificación, a fin de garantizar que este tipo de ambulancias cumplan con las normas sanitarias y con personal especializado. Además, deberán contar con el aviso de funcionamiento ante la Agencia de Protección Sanitaria, poseer placas de circulación especiales y contar con las licencias tipo "E" para operar este tipo de vehículos.
La meta es reforzar los procesos de certificación tanto de paramédicos como de los vehículos para la atención de urgencias prehospitalarias y retirar del servicio a aquellas unidades que no cuenten con los requisitos que establece la Ley de Salud y el Reglamento de Tránsito, así como las demás disposiciones aplicables.
La falta de unidades es otro de los temas sustantivos que debe solucionarse, ya que —de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud—, la capital del país sólo dispone de 67 ambulancias y no cumple la norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece que debe haber cuatro de ellas por cada 100 mil habitantes. De manera extraoficial se menciona que en la Ciudad de México existen 487 unidades de atención a emergencias, pero estas pertenecen a empresas o particulares, muchas de ellas patito.
Por ello, de antemano, es necesario que se dé a conocer el padrón de ambulancias privadas autorizadas y certificadas que operan en la capital del país y las condiciones técnicas en las que se encuentran, ya que hasta el momento no se conoce con exactitud el número de unidades públicas y privadas.
El principal reto es salvar vidas y reducir la incidencia de discapacidades. Pero para ello necesitamos servicios certificados y de calidad, a fin de atender las emergencias producto de un accidente o enfermedad. Esa debe ser la prioridad de los servicios de salud en la capital y, sin duda, también en todo el país.
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