Rebeca Marín
El 15% de los hogares en México es alquilado. En promedio, el pago de alquiler consume el 22.1% de los ingresos familiares y provee, asimismo, la mayor parte del sustento mensual del 8% de los hogares del país, refieren las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Debido a la crisis económica por la pandemia de coronavirus, la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores propuso modificar el Código Civil Federal para que arrendatarios (inquilinos) y arrendadores (propietarios) puedan acordar la exención del pago o la reducción del monto pactado por el alquiler.
"El acuerdo se generaría según lo permita la situación económica, y garantizando las mejores condiciones de las personas involucradas, en un momento donde se requiere de la solidaridad y el compromiso conjunto", se lee en un boletín de Morena.
La iniciativa del Senador Ricardo Monreal Ávila busca ampliar la norma federal para evitar una "doble afectación" que provoque un "quiebre de la llamada cadena de pagos" en momentos de emergencia sanitaria. Es decir, que los arrendatarios no puedan cubrir la renta por dificultades relacionadas con el recorte de salarios, el despido y/o la suspensión de actividades laborales y que, por otra parte, los arrendadores dejen de percibir ingresos que pongan en riesgo su estabilidad familiar.
Las implicaciones económicas de una posible reforma legal no son menores considerando lo siguiente:
El mercado de la vivienda en México es enorme. Todas sus actividades productivas, que van desde la construcción hasta la comercialización de bienes y servicios relacionados con los hogares, aportan el 6.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sólo la renta de inmuebles residenciales genera el 1.3% del PIB, de acuerdo con las cifras más recientes (2018) del Inegi.
La cantidad de dinero que se mueve en un año en el país por el arrendamiento de viviendas (335,800 millones de pesos a precios de 2020) es tan grande que, por ejemplo, equivale a 2.4 veces el monto de la inversión del Gobierno federal (139,000 millones de pesos de 2020) para la construcción del proyecto de infraestructura pública del Tren Maya.
La iniciativa de Morena en el Senado de la República tiene la intención de evitar rescisiones de contratos por causas de fuerza mayor. Las posibles modificaciones a los artículos 2431 y 2432 favorecerían a las partes involucradas.
0 Comentarios