Noviembre 26/19
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Pesca y acuacultura
*Que sean actividades primarias
*Para fortalecer mercado interno
Congreso de la Unión.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca señala que la pesca es una actividad que además de representar una fuente de alimento nutritivo, genera empleo, comercio y dinamiza la economía, mejorando la salud y el bienestar de la población.
Por lo que en nuestro país, casi 400 mil personas se dedican a la pesca, concentrándose principalmente en las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, y con menor presencia en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Indudablemente la pesca se posiciona como una de las principales actividades económicas a nivel nacional y mundial; de ahí la importancia de la iniciativa de modificar la ley para integrar a la pesca y la acuacultura como actividades primarias con el objetivo de fortalecer el mercado interno.
Una de las principales preocupaciones que dan origen a la modificación, son las personas que se dedican a la actividad pesquera, que, constituidos en grupos minoritarios, demandan la atención del gobierno federal para tener acceso a apoyos que por décadas NO les han sido otorgados.
Actualmente, con la modificación a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se da un paso muy importante al considerarlas actividades primarias, consolidando con ello un marco jurídico mucho más armónico y responsable con dichas actividades.
Al respecto, el diputado federal, Roberto Rubio Montejo, dijo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de tales modificaciones a la referida ley.
En el Senado, Joel Padilla Peña, del PT, propuso reformas a los artículos 3º y 3º bis, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para igualar la definición de violencia contra este sector de la población, con la establecida en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Entre los cambios a la ley, se plantea incluir la definición de maltrato, negligencia y abandono contra estas personas, tomando como referencia dicha Convención.
Asimismo, se modifican los tipos de violencia, para atender los tipos de abuso, maltrato y violencia que padecen las personas adultas mayores.
Así, la definición de Violencia Contra las Personas Adultas Mayores será: cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.
Comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.
Además, se incluye la definición de abandono, como la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.
En tanto que el abuso económico, será toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de la apropiación de las percepciones económicas de la Persona Adulta Mayor, o mediante el aprovechamiento o mal uso de las propiedades o posesiones de la Persona Adulta Mayor, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
La propuesta también incorpora los conceptos de abuso sexual, maltrato, maltrato psicológico y negligencia.
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