El próximo año habrá elecciones en el Estado de México, preámbulo del proceso electoral de 2024.
Las acciones del servicio público inciden en el electorado para bien o para mal. Es el riesgo al que se enfrentan quienes se dedican a la administración pública.
Hoy la República respira un maremágnum de mentiras, engaño, traiciones, confusión y disputas, auspiciadas desde el poder federal.
Todo ello envuelto en un ambiente donde la pretensión es hacer ver que la corrupción, la deshonestidad y la violación a la ley es normal.
Por eso, llama poderosamente la atención la labor que se realiza en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Su titular, José Luis Cervantes Martínez, es hijo del influyente secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
El 12 de marzo de este año, fue electo para el periodo 2022-2031. Cervantes surgió de un listado de 43 aspirantes, y al final, de la terna enviada por el gobernador Alfredo del Mazo.
¿Qué tiene de especial el tema? Que el funcionario inició una implacable limpia en la Fiscalía para erradicar la corrupción que la había infectado.
Para extirpar la deshonestidad y los abusos inició un proceso de depuración al interior, consistente en rotar 25% de los cargos, separar de sus puestos a algunos, y a otros iniciarles procesos legales.
El saneamiento incluyó contratar nuevos elementos. Se ofertaron 142 plazas para Policía Preventiva y 189 para Ministerios Públicos.
Participaron 12 mil aspirantes sometidos a un riguroso proceso de selección y capacitación.
Decidido a limpiar la casa, Cervantes Martínez desarticuló grupos de servidores públicos que actuaban como mafias de delincuentes incrustados en la FGJEM.
Formado en la disciplina militar, el Fiscal asumió sus facultades como tal. No se convirtió en cómplice o encubridor del cáncer que carcomía a la dependencia.
Y, por el contrario, hoy exige empatía, sensibilidad, calidez humana y trato digno; no hay cabida a la soberbia, la prepotencia y las vejaciones.
Ha dicho que el comportamiento del servidor público dista mucho de ser solidario con el dolor de quienes reclaman justicia. No hay entendimiento a la frustración.
El objetivo es único: erradicar el calvario y viacrucis ciudadano; combate frontal a la corrupción y no darle tregua a la delincuencia.
Ese es y debe ser el papel de un Fiscal. Cualquier paralelismo o comparación es fácil de deducir.
Lo mencionado define cómo debiera ser el papel del servicio público en beneficio de la justicia escasa en estas épocas.
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