Martín Aguilar
La polémica reforma eléctrica de México y la visión contra las energías verdes corren el riesgo de convertirse en la principal diferencia política del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera reunión este lunes con su homólogo estadounidense Joe Biden en una cara a cara clave para las relaciones bilaterales.
La reunión virtual ocurrirá una semana después de que la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de las empresas privadas, sobre todo extranjeras y de renovables, y que constituye una apuesta a contracorriente de México en beneficio del petróleo frente a las energías solar y eólica.
"Puede haber un reclamo de Estados Unidos al Gobierno de México porque la reforma eléctrica tiene muchas implicaciones para inversionistas estadounidenses y desgraciadamente será un punto de tensión", explicó a Efe la analista Brenda Estefan, quien trabajó en la Embajada de México en Washington.
La iniciativa de López Obrador, ahora en el Senado, eliminará el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También, de forma retroactiva, ordena revisar los contratos previos del Gobierno con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
El Presidente mexicano ha argumentado que es su deber defender la "soberanía", pero supone cuestionar las inversiones de empresas norteamericanas y europeas en el sector energético que constituye una expropiación encubierta y que implicará la presentación de múltiples demandas en tribunales internacionales.
"Avanzaron bastante en la privatización del petróleo y de la industria eléctrica, pero afortunadamente se dio el cambio, el pueblo dijo 'basta con la robadera, con el saqueo', sobre todo de empresas extranjeras", manifestó este domingo López Obrador para justificar su apuesta por una vuelta al monopolio en el sector energético.
Pero el Gobierno no puede escudarse en la "soberanía" porque firmó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo de París, opina Emerson Segura, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEI).
"El Gobierno mexicano no puede usar la soberanía como justificación para imponer su agenda en los temas que no quiere negociar, no puede apelar a la soberanía cada vez que esté en un tema en el que no piensa ceder nada", expone Segura, también asesor en el Senado.
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