Rebeca Marín
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida amplia de la deuda, escalará a 69 por ciento del PIB para el 2030 sin un cambio en el sistema fiscal actual que incorpore el impacto en las finanzas públicas de los pasivos como pensiones, la transición demográfica y brechas de género.
Así lo proyectó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en un nuevo estudio titulado 'Deuda pública: efectos generacionales y proyecciones a largo plazo', el cual proyecta que a finales de la década el gasto público comenzará a crecer más rápido que los ingresos que se perciban mediante el pago de impuestos, dado el agotamiento del bono demográfico.
La consecuencia de mayor deuda, mayor gasto y menos ingresos afectará a las futuras generaciones que tendrían que llegar a pagar incluso con ingresos propios, servicios públicos que hoy financia el Estado como es salud, educación o infraestructura.
El CIEP indicó que a medida que los ingresos sean menores a los gastos, se genera una diferencia que tendría que ser financiada con endeudamiento.
Esa diferencia entre los ingresos y los gastos futuros ascendería a 4.7 por ciento del valor presente del PIB, lo que sugeriría una eventual "insostenibilidad fiscal", si no se realizan los ajustes en las políticas de ingresos o gastos.
En conferencia de prensa virtual, Héctor Villarreal, director general del CIEP, planteó que lo peor que podría suceder después de las elecciones de 2021 es que se concrete una reforma fiscal relativamente chiquita que " inyecte oxígeno" al espacio fiscal en alrededor de 1.5 o 2 puntos del PIB, y que el gasto en pensiones consuma "en tres patadas" esos ingresos.
"Con cierto viso de responsabilidad fiscal, el gobierno puede decir que no habrá déficit público, pero esto se estaría comiendo cada vez más el gasto público a niveles intolerables y pudiera ocurrir que se generara un abandono del Estado en una serie de funciones; es decir, que como el gobierno tendrá que cuadrar sus finanzas, no tendrá dinero para gastar y en cuestiones de salud o educación cada ciudadano le tendrá que hacer como pueda", alertó.
Alejandra Macías, directora de Investigación del CIEP, señaló que hoy los bienes y servicios públicos que otorga el gobierno con el gasto público son deficientes e insuficientes, no obstante, ante la insostenibilidad fiscal, "las siguientes generaciones tendrían que estar pagando por servicios públicos que, incluso, podrían ser de menor calidad y/o menor cobertura".
Ricardo Cantú, especialista en Deuda Pública del CIEP, indicó que, si bien la deuda pública está presionada por factores como la tasa de interés, tipo de cambio y crecimiento del PIB, no se debe olvidar el componente demográfico y el componente de cómo elige cada gobierno gastar más de lo que se recauda.
Dijo que, si las políticas de ingresos y gastos no están equilibradas, se genera una brecha fiscal que debe ser financiada con endeudamiento, por lo que el reto a resolver es una eventual insolvencia fiscal, es decir, que el país no tuviera recursos suficientes y tendría que recurrir a la deuda y, con ello, tener que reasignar recursos que no se están recaudando.
"Existe una inequidad de género por dos situaciones que hay que atender y que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal: la participación laboral de las mujeres y las diferencias salariales con los hombres. Esas dos situaciones hacen que a nivel fiscal los hombres aporten relativamente más que las mujeres y esto es una situación que pudiera afectar la sostenibilidad fiscal", sostuvo.
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