Alsea gana la primera batalla contra el SAT

Rebeca Marín

Alsea ganó su primera batalla contra el SAT. La controladora de Starbucks y Domino's Pizza en México apenas inicia el camino para impugnar el pago de un crédito fiscal por 3,881 millones de pesos , que el Servicio de Administración Tributaria le impuso derivado de la compra de Vips, en 2014 .

 

Por ahora, la compañía que dirige Fernando González Somoza interpuso un juicio de resolución exclusiva de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA), que ordenó la suspensión de la ejecución y cobro del crédito impugnado.

 

Pero este proceso podría estar lejos de llegar a un punto final . En términos generales, cuando una compañía está ante el cobro de un crédito fiscal, el primer paso es la suspensión de la ejecución, lo que permite al Tribunal tomarse el tiempo necesario para estudiar el expediente antes de emitir una resolución final, mientras la empresa garantiza el monto del crédito fiscal, que puede ser a través de una afianzadora.

 

"Cuando son créditos fiscales de este tamaño, se pueden llegar a tardar muchos meses o años, porque hay que desahogar pruebas periciales, como documentos y dictámenes, para que al final el Tribunal determine si la empresa debe o no pagar el crédito", explica Rodrigo Escartín, socio de Escartín Abogados.

 

En general, en este tipo de disputas entre personas morales y la autoridad fiscal, hay tres posibles escenarios : la nulidad lisa , que anula por completo el crédito fiscal; la nulidad para efectos , en el que la autoridad determina que la deuda es menor e instruye al fisco a realizar un nuevo cálculo bajo determinados parámetros, y, por último, que la autoridad declare la firmeza del crédito fiscal .

 

Aun en el último escenario, las empresas pueden recurrir a un recurso de amparo ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que se encarga de analizar las acciones del TFJA, el SAT y la persona moral, es decir, la compañía.

 

Por ahora, el mensaje de Alsea para el mercado fue claro: mantiene sus operaciones de manera regular, mientras espera que en los próximos días el órgano fiscal cumpla la orden del TFJA sobre la suspensión de la ejecución y cobro del crédito fiscal y levante los embargos, en tanto inicia el juicio.

 

En febrero del año pasado, el SAT notificó a Alsea el reclamo de un pago de impuestos por supuestos ingresos en la adquisición de bienes por la compra de Vips a Walmart por 3,881 millones de pesos, una cifra que contempla conceptos de actualización, recargos y multas.

 

En aquel momento, la también dueña de Burger King adelantó que contaban con elementos suficientes para demostrar que este reclamo era improcedente, ya que cumplieron 'en tiempo y forma' con sus obligaciones fiscales con relación a la transacción.

 

El SAT inició la revisión de la transacción , valuada en 8,200 millones de pesos , y determinó que la cifra no correspondía con valor de las marcas adquiridas , consistentes en 362 restaurantes Vips, El Portón, La Finca y Ragazzi.

 

"En el Código Fiscal de la Federación se establece que la autoridad tiene la facultad para determinar una utilidad o pérdida fiscal con respecto a estas operaciones, entonces si el valor es diferente al del mercado, la autoridad tiene la facultad para determinar una utilidad sobre la operación para que empate ese valor de mercado", explica Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

 

En febrero del año pasado, Alberto Torrado, presidente ejecutivo de Alsea, adelantó que sostuvieron un encuentro con las autoridades fiscales; sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

 

Para el 29 de abril de 2021, el SAT obtuvo la resolución para cobrar los 3,881 millones de pesos a Alsea, movimiento al que la empresa hizo frente con el juicio que interpuso ante el TFJFA, y que llevó a la suspensión de la ejecución del cobro.

 

Como parte de la misma investigación, en mayo de 2020 Wal-Mart acordó el pago de 8,079 millones de pesos por la venta de Vips, cuando la autoridad reclamaba el pago de 10,559 millones de pesos, que también consideraba impuestos, multas, recargos y actualización.

 

"Alsea tiene que demostrar que el precio con el cual adquirieron estos bienes es acorde al precio del mercado.

 

Para demostrarlo, se tienen que hacer varios estudios, es como una evaluación. Son muchos estudios, y las autoridades determinan si están de acuerdo, y también deben mostrar elementos para sostener su dicho", concluye Beltrán Ávila. 


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