Martín Aguilar
La Fiscalía General de la República (FGR) está dispuesta a liberar a Emilio Lozoya Austin. La institución que dirige Alejandro Gertz Manero avalará la suspensión temporal de los procesos en contra del exdirector de Pemex en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, si este logra llegar a un acuerdo de reparación del daño con la empresa productiva del Estado.
Autoridades ministeriales confirmaron que la cancelación definitiva de los procesos en contra del exfuncionario estaría sujeta al cumplimiento total de los puntos que se pacten en los probables acuerdos reparatorios que Lozoya alcance con Pemex, así como a la colaboración que brinde en los juicios que se inicien a partir de sus denuncias.
En caso de que haya un incumplimiento de los acuerdos reparatorios o de que estos no se pacten en la siguiente semana, la fiscalía pedirá que se proceda con la presentación de pruebas y el juicio correspondiente. La FGR había solicitado al juez una pena conjunta de más de 50 años de prisión en contra del exfuncionario, derivada de ambos casos.
Los fiscales consultados explicaron que para el Ministerio Público no hay duda —finalizada la fase de investigación— de que Lozoya es culpable de dos cargos de lavado de dinero, uno de asociación delictuosa y uno de cohecho. Es decir, desde el punto de vista de la FGR, una absolución no es posible, por lo que las rutas solo son dos: salidas alternas a su procedimiento o enfrentar el juicio.
La defensa del exfuncionario ha preferido optar por una vía que, aunque implica el reconocimiento de la culpa y con ello la reparación del daño, le evitaría enfrentar un juicio y, sobre todo, continuar en prisión. La FGR no se opone a esta ruta, como confirmaron las autoridades consultadas, siempre y cuando Pemex esté conforme con el monto que se le ofrezca y los plazos para ello. Sin eso, no es posible consumar ningún tipo de salida alterna.
En caso de que Pemex y la defensa de Lozoya logren ponerse de acuerdo, se solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un pronunciamiento al respecto, ya sea a favor o en contra de dicha solución. Esto, debido a que la UIF también funge como parte ofendida dentro de ambos procesos penales.
Durante el tiempo en el que Santiago Nieto encabezó la UIF, dicha institución se mantuvo en contra de que se facilitara a Lozoya el acceso a una medida alterna al juicio. La actual administración de Pablo Gómez al frente de la UIF no ha manifestado hasta ahora algún posicionamiento.
En caso de que tanto Pemex como la UIF estén de acuerdo, las partes deberán presentarse en audiencia para ratificar, en cada uno de los procesos, las condiciones de la posible salida alterna. Será responsabilidad del juez federal Artemio Zúñiga resolver si dichos acuerdos no contravienen disposiciones legales y si las condiciones pactadas son suficientes para darlos por buenos.
La organización civil TOJIL, experta en temas anticorrupción, envió al juez esta semana una petición en la que le pide no avalar dichas salidas alternas, tras considerar que no son compatibles con el marco legal vigente. Es decir, que sería ilegal aplicarlas en estos casos pues, argumenta, se debe privilegiar el interés público, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.
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