Junio 23/20
LÍDERES POLÍTICOS
Jesús Belmont Vázquez
Promesa de campaña
Congreso de la Unión.- El 29 de marzo 2017, Andrés Manuel López Obrador sentenció que el presidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (en ese momento aún presidente) convirtieron al país en un cementerio con una guerra absurda, que había dejado hasta esa fecha 210 mil asesinatos.
"En 10 años, 210 mil asesinatos, y más de un millón de víctimas de la violencia", dijo el entonces presidente de Morena, su partido político.
En aquella fecha señaló que su propuesta era ya no seguir con la misma estrategia, por razones humanitarias y porque no hay resultados. "Es decir, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y retirarlos de la calle".
Ignorancia sobre el tema, desconocimiento de la problemática que encierra la inseguridad, arreglos con los titulares de la Defensa y Marina, lo que haya sido, pero una vez que López Obrador asumió la Presidencia de México, su promesa acerca de sacar al Ejército de las calles, pasó al olvido y optó por minimizar a las corporaciones policiales en sus tareas de seguridad en vez de fortalecerlas a través de capacitación, adiestramiento y equipamiento.
Durante su campaña, López Obrador hizo varios pronunciamientos señalando la importancia de eliminar la presencia militar de las calles; sin embargo, el planteamiento de su gobierno dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad es totalmente opuesto, pues serán las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de la seguridad en el país.
Incumpliendo sus promesas de campaña, ignorando consideraciones políticas fundamentales, desechando la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de diversos organismos internacionales, el Presidente decidió optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia reciente.
El anuncio lo hizo justo cuando se conoció que la Suprema Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior, una versión "light" del proyecto de la Guardia Nacional del nuevo gobierno.
A pocos días de que iniciara la nueva administración, un total de 129 organizaciones civiles y 543 personas se sumaron en un escrito hecho por la asociación Causa en Común, donde rechazaron la propuesta de crear la Guardia Nacional.
Refieren que es contradictorio el discurso que manejaba como candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, sobre sacar el Ejército de las calles y que ahora que ya es Presidente propuso una militarización del país sin precedentes.
"México aún puede optar por una vía civil. Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país", señala el escrito de los organismos civiles que respaldan a Causa Común.
A lo largo de su campaña política, López Obrador aseguró en más de una ocasión que de llegar a la Presidencia de la República, una de sus primeras encomiendas sería regresar al Ejército a los cuarteles para que dejaran de hacer labores de seguridad pública; sin embargo, ya en Palacio Nacional cambió de opinión y decidió mantener a los soldados en la calles para combatir a los grupos criminales.
Senadoras y senadores del PAN presentaron diversos amparos para impugnar el Decreto de militarización de la seguridad pública que emitió el gobierno federal el pasado 11 de mayo.
La impugnación presentada busca que la seguridad pública del país no sea militarizada y que la participación de las Fuerzas Armadas en ayuda a la misma, sea cumpliendo los requisitos que se establecieron en la Reforma Constitucional: extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria.
La bancada panista en el Senado dijo que en el mismo sentido respaldan la presentación de controversia constitucional que llevó a cabo la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, ya que es evidente que el decreto representa una ilegalidad y debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJUN) quien determine su constitucionalidad.
Lo que AMLO hizo "es en la práctica la militarización permanente del país. Le entregaron a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y eso es inconstitucional".
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