La Barriada/Martín Aguilar/Consulta a modo de elección de estado

Literal, la consulta de Revocación de Mandato, la convirtió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en una elección de Estado.

 

El partido en el poder recortó el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en más de 5 mil millones de pesos.

 

De ese monto, al menos se destinarían 3 mil 500 millones de pesos a la organización y promoción de la Revocación de Mandato.

 

Lo anterior obligó a una reducción en la instalación de casillas de entre un 30 y 40 por ciento.

 

A la luz pública ha salido que en Palacio Nacional hay desesperación porque estiman una baja participación.

 

Reportes de inteligencia –también filtrados- consideran un máximo de 18 millones los participantes en la consulta.

 

Se requieren 37 millones para que la consulta sea vinculatoria, lo cual se vislumbra muy remoto de alcanzar.

 

Pero como se observan las cosas, el INE estaría en posibilidad de declarar ilegal la consulta, al tratarse de una descarada elección de Estado.

 

Los ejemplos también están a la luz pública. En la campaña a favor de López Obrador se han volcado dos ejércitos: el de servidores públicos y el de los militares.

 

Las redes sociales y los medios de comunicación dieron cuenta del uso de vehículos y aeronaves militares por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

 

Las inconsistencias e ilegalidades sobran: la consulta no la solicitó la sociedad y nadie respetó la vede electoral, por lo tanto se violó la ley.

 

Además, desde el poder se amenazó al árbitro electoral y con alevosía y ventaja se le redujo el presupuesto al INE.

 

El Presidente, los gobernadores, alcaldes y legisladores, emprendieron una desesperada campaña.

 

Más grave resulta que se haya utilizado a mandos militares y vehículos para hacer proselitismo. Más violaciones a la ley.

 

Fueron sistemáticas las amenazas de los "siervos de la nación" a los adultos mayores para que voten y eviten de esa manera perder sus becas y pensiones.

 

A todo ello se le suma la excesiva distribución de anuncios espectaculares a lo largo y ancho del territorio nacional.

 

Más los millones de carteles, bardas pintadas, volantes y dípticos, de los cuales todos desconocen su origen.

 

¿De dónde salieron los recursos para financiar esa masiva campaña? ¿Es dinero público? ¿Surge de actos de corrupción? ¿O es dinero del narco?

 

Cualquiera que sea su origen, ha convertido a la consulta en ilegítima, por tanto factible de ser anulada.

 

Sólo resta ver la operación que se desplegará el 10 de abril, con acarreos, despensas y dinero en efectivo, como suelen actuar.

 

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