SAT deberá de revelar información sobre las operaciones entre factureras e instituciones públicas: INAI

Rebeca Marín 

 


El Pleno del Inai ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que dé a conocer los listados de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) con las que realizaron operaciones 25 instituciones públicas, entre las que destacan algunos partidos políticos, la Presidencia de la República, la Sedena, la CFE, el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, el Senado y la Cámara de Diputados.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) detalló que en cada caso el SAT, encabezado por Raquel Buen Rostro, deberá entregar la relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por las EFOS a cada institución en determinados periodos, con información desglosada por:

 

Registro Federal de Contribuyentes del emisor y del receptor

 

Razón social del emisor

 

Conceptos o descripción

 

Monto total de la factura

 

Fecha de emisión

 

Los comisionados que integran el Pleno del Inai coincidieron en la relevancia de este tipo de resoluciones para contribuir a la lucha contra la corrupción.

 

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, dijo que esta decisión "histórica" muestra la evolución del derecho de acceso a la información pública en México, al permitir que se conozcan los casos de facturación de operaciones simuladas.

 

Destacó que el tema fiscal ha sido un motivo de "perseverancia y reclamo" en el cual el Pleno del Instituto se ha pronunciado por la apertura de la información.

 

En un comunicado emitido este jueves 24 de septiembre, el Inai detalló que el Pleno resolvió 25 recursos de revisión en contra del SAT, por lo que se determinó solicitar información de las siguientes instituciones:

 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Cámara de Diputados

 

Presidencia de la República

 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

 

Petróleos Mexicanos (Pemex)

 

Cámara de Senadores

 

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

 

Partido Acción Nacional (PAN)

 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

 

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

 

Secretaría de la Función Pública (SFP)

 

Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, Sección 11

 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

 

Hospital Juárez de México

 

Secretaría de Salud

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"

 

Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"

 

Instituto Nacional de Migración (INM)

 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

 

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

 

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó la importancia de la difusión de la información para determinar la forma en que este tipo de operaciones impactan en el ejercicio de los recursos públicos.

 

Recordó que entre 2014 y junio de 2019 se habían identificado 8,204 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, las cuales, según datos del SAT, generaron más de 8 millones de facturas falsas, que se traducen en la evasión fiscal de 354,512 millones de pesos.

 

"La publicidad de la información, como la requerida, permitirá que la ciudadanía evalúe cómo se gasta el dinero público y también puede disuadir la realización de actos irregulares, con lo cual será viable avanzar en la construcción de confianza en las instituciones y, de esa manera, impactar en mayores índices de recaudación al disminuir la resistencia fiscal, que se traducirán en más recursos para el desarrollo", comentó Ibarra.

 

En tanto, el comisionado Oscar Guerra Ford destacó que desde 2014 el SAT publicó la lista de 9,857 empresas que emitieron comprobantes de operaciones inexistentes, mientras que en la presente administración se han agregado a 3,261 "factureras" al listado.

 

La comisionada Josefina Román Vergara  consideró que a través de la resolución de este tipo de asuntos pueden proporcionar insumos claros, contundentes, para identificar actos de fiscalización que eventualmente concluyan con el fincamiento de una responsabilidad administrativa.

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