Martín Aguilar
El trueque, posteriormente llamado comercio, ha tenido un cambio importante al paso de los años se ha convertido en un uno de los elementos fundamentales de la economía no solo a nivel nacional, sino también mundial, por lo que se le debe dar el valor que tiene, pero lamentablemente la venta en el espacio público es discriminado, criminalizado y víctima de abusos y extorsiones, reconoció la diputada del PRI, Silvia Sánchez Barrios.
A través de un punto de acuerdo, la representante popular exhortó al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México realizar un estudio comparado sobre legislaciones de comercio popular a nivel internacional, para así evitar que en la capital del país se sigan vulnerando los derechos de las y los ciudadanos, obstaculizando el camino para lograr un trabajo e ingresos dignos.
"Desde la época prehispánica el intercambio de mercancías en nuestro territorio fue la base del desarrollo económico, político y social de la cultura mexica. Por ello, es necesario que brindemos certeza jurídica y reconocimiento a los derechos básicos de las personas que trabajan en los espacios públicos, pues han sido relegadas en segundo plano en nuestra legislación sin tener otro tipo de consideración que beneficie al comercio interno y a las familias de la capital", propuso.
Sánchez Barrios recordó, que la Constitución Política de la Ciudad de México les da a los comerciantes populares el reconocimiento como personas trabajadoras no asalariadas, pero que esto no puede ser considerado completamente como una protección amplia a sus derechos, toda vez que se necesita un instrumento jurídico especializado que define derechos y obligaciones específicas.
Expuso que en otras regiones del mundo ya se han tomado acciones desde los órganos legislativos, y ejemplifica que en Europa y Asia central, se ha avanzado en la regularización de espacios públicos controlados por el Estado para brindar oportunidades de comercio y aprovechamientos de los mismos, y hacerlo en la Ciudad de México, es viable si se tiene voluntad política.
"Por lo cual, es importante identificar, evaluar y definir los instrumentos que puedan servirnos como base para aplicar y adecuar estos ejemplos de buenas prácticas en nuestra ciudad. Este estudio se propone establecer derechos y obligaciones a las personas que trabajan en el espacio público y fijar claramente las competencias de la autoridad", recordando que quienes ejercen el ambulantaje, no se niegan a pagar impuestos.
"Por ello exhortamos al Instituto de Investigaciones Legislativas, como órgano encargado de la investigación y difusión, entre otros, de las prácticas legislativas, a que, mediante un estudio comparado con legislaciones a nivel nacional e internacional, contribuya a la recopilación de información que sirva como base para avanzar en la legislación sobre el comercio en espacios públicos y genere políticas públicas viables en beneficio de la sociedad capitalina", concluyó.
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