Martín Aguilar
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a las autoridades ministeriales a conducirse conforme a derecho en las indagatorias que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos servidores públicos.
Sin mencionarlo por su nombre, reconoció que gracias a la presión social, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, desistió de las denuncias penales presentadas en contra de los seis consejeros que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato.
No obstante, advirtió que esto no es suficiente, porque aún continúan abiertas carpetas de investigación que criminalizan la diferencia.
Como se informó, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de los consejeros electorales, misma que se encuentra radicada en la Fiscalía Anticorrupción.
Córdova calificó las denuncias en contra de él y cinco consejeros como un despropósito y dijo esperar que la misma congruencia que se demostró en el desistimiento de las mismas pueda abarcar a las autoridades ministeriales.
"Ojalá que esta congruencia con el Estado de Derecho también abarque a las autoridades ministeriales y que esto que fue un despropósito rápidamente se conduzca nuevamente al orden y vigencia del orden constitucional de derecho, porque todavía hay carpetas que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos servidores públicos", afirmó.
El consejero presidente agradeció a las organizaciones civiles, académicos, juristas y asociaciones gremiales por sus muestras de respaldo y solidaridad, pero advirtió que aún falta por hacer.
"Reconozco que gracias a esta presión se haya reculado en decisiones que poco tienen que ver con el Estado de Derecho, pero también, en aras del principio de máxima publicidad, hay que señalar que eso no basta, porque los delitos contra servidores públicos se persiguen de oficio y hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias", advirtió.
Ayer, Gutiérrez Luna informó que tomaría las acciones jurídicas a su alcance para evitar que continúen las denuncias penales que él mismo presentó en contra de seis consejeros electorales.
Lo anterior luego de días de críticas de sus pares, senadores, académicos, actores políticos, organizaciones como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y del propio INE, que calificó la maniobra como una "persecución penal" por la decisión de aplazar temporalmente la revocación de mandato por falta de recursos.
Las denuncias tampoco fueron bien vistas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió no "penalizar" la decisión del INE.
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