Luego que hace dos semanas el Congreso de la CDMX aprobará el nuevo presupuesto 2022 para la Ciudad de México, entre lo que incluía el nuevo impuesto del 2% a las plataformas digitales y que la mayoría de las empresas y negocios se oponían, porque además de que se están recuperando de la pandemia y pese a que los contagios se están incrementando gradualmente, los más afectados por este impuesto serían los repartidores de alimentos.
Por lo que cerca de 250 repartidores agrupados en diversos colectivas van a presentar la durante la primera semana de enero un recurso de amparo contra la reforma al Código Fiscal con el que se impondrá el incremento del 2 por ciento al total de las ventas de las plataformas y aplicaciones de reparto; cuestión de se aprobó en el Paquete Económico 2022 para la ciudad.
Y es que se dio a conocer que Saúl Gómez, el fundador del colectivo Ni un repartidor menos, y Víctor Manuel Sánchez, del Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (Siconvense), mencionaron que van a interponer dicho amparo.
De ello, ambos dirigentes reclamaron que si bien las autoridades locales aseguraron que el impuesto del 2 por ciento sólo será para las plataformas y aplicaciones, y que ello no afectará a los consumidores ni a los repartidores, señalaron que dicho gravamen será trasladado por las empresas a los usuarios finales y a los que ofrecen el servicio de reparto.
"Nosotros no lo vamos a pagar, pero vamos a ganar menos, ahí es donde se transmite, donde está el 'secreto' del aprovechamiento, que es un 'derecho de piso', esa es la realidad", dijo Sánchez para Latinus.
Se conoce que el amparo lo van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobierno de la Ciudad de México, puesto que consideran que dicho gravamen aprobado el pasado 15 de diciembre contravienen el artículo 11 constitucional, referente a la garantía al libre tránsito, ya que este se aplica a las plataformas de reparto "por luso de infraestructura pública".
Saúl Gómez recordó que Salvador Juárez Galicia, procurador Fiscal de la capital, mencionó que no se tiene certeza de que el impuesta pueda ser trasladado y que no es ilegal.
Esto lo mencionó Gómez cuando se le cuestión sobre que el gobierno local asegura que el impuesto del 2 por ciento para las aplicaciones de entrega y reparto no va a afectar a los usuarios, repartidores o comercios.
"Ellos quieren justificar este nuevo impuesto creyendo que ellos saben cómo funcionan las aplicaciones. Cuando fuimos a una comparecencia del Procurador Fiscal de la Ciudad de México, dijo tajante: 'No tengo la certeza de este nuevo gravamen no pueda ser trasladado a los repartidores, a los negocios o a los usuarios, pero no es ilegal'", manifestó Gómez.
"Entonces se montaron en el que 'no es ilegal', para decir que era válido", remarcó.
Fue el pasado 4 de diciembre cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum indicó que este gravamen sólo sería para las plataformas digitales, para las empresas y, que no se afectaría a terceros. También argumentó que este cobro de impuesto es para las aplicaciones que la mayor parte de sus ganancias salen del país.
Sheinbaum indicó que esta medida no tiene relación con gravar a los comercios o los servicios que se ofrecen en la capital y sólo implementar un impuesto a las aplicaciones que retienen sus ganancias mayoritarias fuera de México.
De ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital manifestó su rechazo a este nuevo gravamen, consideraron que afectará la recuperación de empleos y a la reactivación económica en un periodo post-pandemia.
La Coparmex criticó las políticas públicas de Sheinbaum Pardo al indicar que están enfocadas en la recaudación fiscal y no en la recuperación económica y de empleos.
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