Robo de gas LP se incrementa a 60 mil toneladas por mes: Distribuidores

Rebeca Marín

Al manifestar que el 94 por ciento de las tomas clandestinas de gas LP se encuentran en los Estados de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde grupos delictivos roban el combustible, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), Carlos Serrano Ferrera, dijo que en los últimos cuatro años creció 1100 por ciento el número de boquetes hechos a los ductos de Pemex.

 

Afirmó que esto está provocando que los delincuentes hurten alrededor de 60 mil toneladas mensuales del energético, en detrimento de todos los mexicanos, al representan un desfalco aproximado de mil 200 millones de pesos, "pues debido a que el gobierno endureció el combate al huachicol, ahora los hampones migraron al robo de gas LP".

 

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por representantes de la industria distribuidora del combustible, Serrano Ferrera añadió que el menos el 61 por ciento del robo de gas LP se registra en el estado de Puebla.

 

Detalló que en 2018 se tenían detectadas 215 tomas clandestinas y para 2021 la cifra aumento desmesuradamente a 2 mil 403 a nivel nacional, lo que representa un incremento de 1100 por ciento.

 

Comentó que en los cuatro estados antes mencionadas existen 18 municipios donde los grupos criminales realizan el robo de gas LP, sustrayéndolo del ducto de mil 600 kilómetros de longitud, el cual inicia en Cactus, Chiapas y se conecta con la infraestructura de Petróleos Mexicanos en Pajaritos, Veracruz, atravesando todo el centro el país hasta Zapopan, Jalisco.

 

"En 2018 registrábamos una toma clandestina al ducto de gas LP cada dos días, el año pasado el reporte fue de casi siete tomas clandestinas diarias al ducto principal de Pemex", dijo el presidente de de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas.

 

Aseveró que el monto del energético hurtado por criminales se estima en unas 60 mil toneladas al mes, un poco menos del 10 por ciento del volumen que se consume en todo el país. Relató que "México es el séptimo consumidor de gas LP en el mundo y que esta cantidad, las 60 mil toneladas (robadas) alcanzaría para cubrir toda la demanda por ejemplo de Ecuador".

 

Carlos Serrano indicó que es una cantidad muy importante, pero "destacamos que uno de los puntos más importantes es el riesgo al que se ve expuesto la población y es lo que queremos nosotros apelar para que se haga el mayor esfuerzo, como industria, como autoridad, como sociedad, con el fin de implementar programas y coadyuvar todos a que se elimine este flagelo".

 

Cuestionado sobre el daño económico causados por el robo de gas LP a Pemex dijo que "hay que multiplicar 24 pesos por kilo por 60 mil toneladas mensuales; de ese tamaño es la afectación a la empresa estatal".

 

Aseguró que ellos como representantes del sector sí se han reunidos con los titulares de las fiscalías de los estados mencionados, y "se han logrado avances importantes, con resultado de cancelación de tomas clandestinas y la implementación de operativos para atacar este robo".

 

Subrayó que la afectación que tienen las empresas distribuidoras formalmente establecidas es la competencia desleal, además de que los delincuentes tienen un cero costo en pago de impuestos, y hasta se dan el lujo de distribuir el gas LP hurtado mediante métodos coercitivos.

 

"De esa manera desplazan a las empresas, debido a que éstas sí pagan impuestos y al mismo tiempo son desplazados los empleos formales: trabajadores, choferes y repartidores", dijo.

 

Insistió en que luego de 2019, cuando el gobierno federal implementó el programa de robo contra gasolinas sí hubo avances en la disminución de toma clandestina, pero los criminales migraron al robo de gas LP con un meteórico incremento de boquetes en los ductos de Pemex.

 

Por ello, llamaron a todos los sectores de la sociedad a contribuir en los esfuerzos para combatir este flagelo, ya que resaltaron que el mayor peligro va contra las familias mexicanas, debido a que los grupos que distribuyen el gas LP de manera clandestina ponen en riesgo a los consumidores, al no operar con las normas establecidas ni cumplir con los requisitos de seguridad para repartir el combustible. 


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