La salida de Romero Aranda de la PFF se debió a irregularidades por su patrimonio

Rebeca Marín

 


La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Félix Medina Padilla como nuevo Procurador Fiscal de la Federación (PFF), en sustitución de Carlos Romero Aranda, quien fue designado como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

 

De acuerdo a un reporte, desde principios de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) empezó una investigación contra Romero Aranda, a raíz de una denuncia por extorsión que una empresaria hidalguense interpuso contra abogados cercanos al procurador fiscal.

 

Los hallazgos de la UIF registran discrepancias entre la declaración patrimonial de Romero Aranda y los ingresos que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los últimos 7 años, lo que sugiere una evasión fiscal.

 

Además, se reveló que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tuvo acceso a los hallazgos de la UIF, después de enterarse que Romero Aranda había firmado, a espaldas de la SHCP, dos polémicas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

 

Asimismo, el senador Ricardo Monreal tuvo acceso a la investigación, en seguimiento a un tema derivado de las empresas de outsourcing de Raúl Beyruti Sánchez, donde se señalan los vínculos de su hija, Eldaa Catalina Monreal Pérez, con las empresas de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario facturero prófugo.

 

De acuerdo a una nota periodística, la salida de Aranda de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), modifica el panorama de los casos de Raúl Beyruti, presidente y fundador de Grupo GIN, y Víctor Manuel Álvarez Puga junto con su esposa Inés Gómez Mont. Así como el caso de los 31 científicos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de María Elena Álvarez-Buylla.

 

En el caso Beyruti, existía casi una decena de denuncias desde el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera que involucraban la operación de unas 3 mil empresas con indicios de lavado de dinero, pero en la FGR se optó por darle seguimiento a la querella de la Procuraduría Fiscal por delitos cometidos en sólo una razón social.

 

Por lo anterior, el llamado Rey del outsourcing no podrá ser juzgado nuevamente por estos mismos delitos.

 

Por otra parte, en lo que respecta a Álvarez Puga y Gómez Mont, se menciona que podría tomar forma el reclamo sobre la invalidez de su proceso judicial, debido a que este se detonó como resultado de la denuncia de una autoridad no competente.

 

Finalmente, el ex procurador acordó con los ministerios públicos del fiscal Gertz Manero presentar sus denuncias en viernes, de tal forma que pudiera firmarlas en domingo, en ausencia del secretario de Hacienda, como sucedió con la denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra los 31 científicos del Conacyt, firmada el domingo 15 de agosto por Carlos Romero.

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