Martín Aguilar
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y sus coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados respaldaron la decisión de aplazar la elección judicial para evitar su concurrencia con los comicios constitucionales de 2027; sin embargo, advirtieron que la nueva propuesta del oficialismo mantiene y profundiza los riesgos de politización del Poder Judicial.
Acción Nacional sostuvo que mover la elección judicial a 2028 atiende parcialmente una de las principales advertencias que realizó desde la discusión de la reforma judicial; no obstante, acusó que Morena mantiene un modelo que somete al Poder Judicial a dinámicas político-electorales que vulneran su autonomía e independencia.
El PAN señaló que, pese al cambio de fecha, persisten riesgos de movilización partidista, operación política mediante “acordeones”, promoción gubernamental e intervención electoral en un proceso que —subrayó— debería estar completamente separado de cualquier lógica política.
El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, afirmó que el cambio de calendario resulta insuficiente mientras el oficialismo conserve mecanismos de control político sobre quienes aspiren a impartir justicia.
Es positivo que se haya decidido cambiar la fecha de la elección judicial para evitar su concurrencia con el proceso electoral de 2027, pero no basta. Mientras Morena mantenga mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia, el problema de fondo seguirá intacto, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.
Acción Nacional recordó que desde el inicio alertó sobre los riesgos de partidizar la justicia, sustituir criterios técnicos por dinámicas electorales y debilitar la independencia judicial mediante mecanismos sujetos a intereses políticos.
En ese contexto, los coordinadores parlamentarios del PAN cuestionaron que la creación de una nueva Comisión Coordinadora o comité técnico no garantiza autonomía real, ya que —dijeron— el proceso de selección de candidaturas judiciales seguiría bajo esquemas de “captura institucional”, sin incorporar mecanismos verdaderamente ciudadanos ni participación independiente de universidades, colegios o barras de abogados.
El coordinador panista en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que el problema central de la reforma nunca fue únicamente la fecha de la elección.
El problema nunca fue únicamente la fecha. El problema de fondo es haber convertido la justicia en un mecanismo sometido a intereses políticos y electorales, a costa de sacrificar el acceso a la justicia para las familias mexicanas, Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.
Por separado, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que Morena mantiene intactos los mecanismos de control político sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial.
No basta con mover la fecha de la elección judicial si Morena mantiene intactos los mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia. El problema no es solamente cuándo se elige, sino quién sigue controlando el proceso, Ricardo Anaya, coordinar del PAN en el Senado.
El PAN también criticó que la propuesta presentada por el oficialismo carece de mecanismos técnicos y autónomos que garanticen la selección de perfiles idóneos para jueces y magistrados.
Además, advirtió que la concurrencia de la elección judicial con la eventual consulta de revocación de mandato abriría nuevamente la puerta a movilización político-electoral, uso de “acordeones” y promoción gubernamental desde el poder.
Acción Nacional alertó igualmente que la iniciativa deja abierta la posibilidad de que en 2030 vuelva a realizarse una elección concurrente, preservando los mismos riesgos de politización que ahora el propio oficialismo reconoce parcialmente.
Los panistas también expresaron preocupación por el nuevo esquema de funcionamiento de la Suprema Corte mediante dos secciones, al considerar que podría generar problemas de quórum, integración y distribución de asuntos.
Asimismo, señalaron que el Tribunal de Disciplina Judicial continúa diseñado como un mecanismo de presión y control político sobre juzgadores que no resuelvan conforme a los intereses del oficialismo.
Finalmente, el PAN recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una petición promovida por jueces y magistrados federales relacionada con posibles violaciones derivadas de la reforma judicial aprobada en 2024.
Acción Nacional reiteró que México requiere una reforma judicial “seria, técnica y verdaderamente autónoma”, y no —acusó— ajustes cosméticos que mantengan incentivos políticos sobre quienes deben impartir justicia de manera imparcial.
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