Martín Aguilar
El cinco de abril se cumple un año de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles en el festival AXE Ceremonia 2025. A 12 meses, ninguna de las familias ha obtenido justicia por la negligencia por la colocación ilegal de dos grúas que colapsaron sobre las víctimas y les arrebataron la vida.
Los jóvenes fallecieron alrededor de las 17:00 horas, pero eso no impidió que el show siguiera. Incluso, usuarios en redes sociales que se cuestionaban lo sucedido, mencionaron que fueron censurados en la red para que no se difundiera información del fallecimiento. Fue hasta las 22:00 horas que el festival emitió un pronunciamiento.
Desde que ocurrió la tragedia, las representaciones legales de las familias se dividieron y tomaron caminos distintos, sin embargo, coincidieron en que tanto la Fiscalía, como las empresas aparentemente responsables, han actuado en complicidad para librar el peso de la Ley.
Pocos días después de la tragedia, el Gobierno de México anunció que el Parque Bicentenario dejará de estar concesionado a particulares y pasará a ser administrado por la Secretaría de Cultura federal.
Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha solicitado al Poder Judicial la audiencia inicial para señalar ante un juez a los imputados, los abogados de la familia Giles han acusado a las autoridades de proteger a las empresas organizadoras del evento, específicamente a Operadora de Centros de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA) y a Seguridad Privada LOBO. En tanto que, el Ministerio Público, así como los juristas que acompañan a la familia de Miguel Ángel, desean que se lleve a cabo la audiencia y en el proceso penal se evidencien a más posibles implicados.
En múltiples ocasiones, la audiencia se ha suspendido, tanto por amparos promovidos, como por el desconocimiento completo de los imputados de la carpeta de investigación.
Al momento, la Fiscalía ha otorgado la calidad de imputadas a tres empresas vinculadas con la organización y realización del evento: Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario; La Agencia de los Socios, empresa organizadora del festival; y O.N Producciones Creativas, responsable de la producción y ambientación.
Asimismo, ocho personas físicas han sido imputadas, siete de ellas relacionadas con dichas empresas —entre accionistas, apoderados legales, administradores y operadores—, además de la encargada de Protección Civil del evento, María del Pilar "N".
Meses atrás, la representación legal de la familia Giles fomentó un amparo para que se detuviera todo el proceso judicial y la FGJCDMX reiniciara la investigación para revisar si OCESA y LOBO podrían estar involucradas en la colocación ilegal de las estructuras.
Tras la celebración de una audiencia de omisiones, la familia Giles Rivera obtuvo una suspensión definitiva para que el juez de control, José Luis Palacios Fernández, no celebre la audiencia inicial por el caso.
El pasado 12 de enero, dos días antes de que se expusiera el acuerdo donde OCESA y LOBO serían imputadas, representantes de los corporativos acudieron a los Juzgados de Distrito en Materia Penal a promover amparos en contra de dicha resolución, que le impidiera a la Fiscalía señalarlos de negligencias durante la celebración del espectáculo en el Parque Bicentenario.
Con todo, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México negó dichos amparos.
El pasado seis de marzo, la audiencia inicial se canceló, debido a que el Ministerio Público se negó a imputar a OCESA y a LOBO, por lo que la familia Giles Rivera presionó para que no se llevara a cabo la comparecencia, a pesar de que el amparo promovido por los corporativos fue rechazado.
En palabras de Fabián Victoria, abogado de la familia Giles, la nueva estrategia de las autoridades es que el Ministerio Público busca realizar un desglose en la carpeta de investigación, es decir, un acto procesal mediante en el que se separa parte de una indagatoria (actas, testimonios o pruebas) para formar un nuevo expediente independiente.
"Se busca proteger y encubrir a estas dos empresas para fragmentar el hecho y la teoría del caso de la familia Giles Rivera, si eso llegara a ocurrir, de llevar adelante un desglose para estas dos empresas, lo que sucedería es que se podrían ir a dormir muy tranquilas a su casa, con la garantía de que nunca van a ser condenadas ni sentenciadas por un juez penal de la Ciudad de México".
Los amparos promovidos por la familia Giles Rivera fueron descalificados por la familia y defensa legal de la familia de Miguel Ángel. Señalaron que sus asesores jurídicos, Fabián Alejandro y Gerardo Guzmán Jiménez, este último presunto servidor público en funciones, así como por la defensa de Operadora Eclectic S.A. de C.V., los abogados de la familia Rojas Hernández reprocharon que se han emitido escritos en los cuales se advierten coincidencias sustanciales en los argumentos, en las solicitudes planteadas y en los tiempos de presentación.
Entre estas coincidencias se observa:
Promoción de recursos con argumentos similares: ambos solicitan a la Fiscalía que no se impute a Operadora Eclectic
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Presentación de escritos y amparos en fechas y horarios prácticamente idénticos
Coincidencia en solicitar que no se celebre la audiencia inicial en la que se formula la imputación a las personas físicas y morales responsables
Aludieron que la empresa Operadora Eclectic S.A de C.V., ha promovido 15 juicios de amparo para evadir las imputaciones y que 13 de los amparos han tenido como objetivo impedir la celebración de la audiencia inicial y evitar que el caso sea presentado ante un juez.
A decir de la representación legal de la familia Giles, ellos sí han denunciado a la Operadora Eclectic, y en ningún momento le han solicitado a la FGJCDMX que se evite su imputación.
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