Martín Aguilar
Al salir del Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa de Baja California, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, dijo que no le sorprendió su vinculación a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Bonilla enfrenta este juicio en libertad, de acuerdo al juez Gerardo Anguiano en la causa penal 4931/2022, quien fijó como medida cautelar un pago de garantía de 100 mil pesos como medida cautelar.
"No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora", señaló al término de una audiencia que inició el lunes 23 de marzo y concluyó este martes.
Sabíamos que iban a "empapelarnos" porque ese ha sido el proceso de mis colaboradores, ¿por qué sería diferente conmigo? Yo fui el último porque he viajado mucho en el ultimo año, el partido me trae también en muchos lugares, explicó al referirse a la vinculación a proceso penal por coautoría de 14 de sus colaboradores y miembros de su gabinete en el primer gobierno de Morena en Baja California, después de 30 años de administraciones panistas.
El empresario dio a conocer que el juicio consta de 20 volúmenes y explicó su inasistencia a 12 convocatorias a audiencias de vinculación: "yo no había tenido oportunidad de venir a las audiencias. Tuvimos 12 audiencias anteriores que todas fueron justificadas, la ultima la 13, ya me había faltado una vez los abogados y yo no quise venir sin abogados, y ahí sí me pusieron falta, pero a la otra vinimos y no hay problema".
Comentó que no tiene dirección en Mexicali pues nunca ha pretendido instalar oficinas en Mexicali y menos en verano y agregó que cuenta con doble ciudadanía desde hace muchos años, "pero ya fui diputado federal, senador y gobernador, presidente y constructor de Morena y ahora con el PT lo estamos haciendo crecer".
El proceso de Bonilla Valdez es en calidad de coautor y se le atribuyó el título de dolo.
Su situación jurídica es por la contratación durante su periodo de gobernador de la empresa Next Energy para construir una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali.
El contrato comprometía a la administración estatal a pagar 123 millones de pesos mensuales por 30 años lo que representaba una carga financiera de 35 mil millones de pesos, cuyo pago se garantizaba con las aportaciones de la Federación por participaciones federales.
Además de la primera quita que hizo Banca Firme por una obra que no se construyó, se realizó una inversión estatal de 1 mil 300 millones de pesos por garantía durante la inversión inicial de la planta.
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