Martín Aguilar
Efraín Martínez López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó mediante un comunicado en sus redes sociales, que el dictamen del paquete de reformas en materia hídrica enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum ya está listo para ser discutido y votado en la Cámara de Diputados este jueves.
El titular de Conagua anunció que el dictamen derivado de la iniciativa presidencial para reformar la legislación en materia de aguas se encuentra listo para su análisis y votación en la Cámara de Diputados, tras un proceso de diálogo con sectores sociales, productivos y con el Poder Legislativo.
De acuerdo con Efraín Martínez López, la propuesta permitirá garantizar el derecho humano al agua y establecer un sistema de concesiones ordenado, transparente y libre de corrupción.
"Vamos a terminar con el mercado negro del agua para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías", dijo. Añadió que la legislación vigente permite la concentración de múltiples títulos en pocas manos, lo que genera escasez y afecta a pequeños productores.
Entre los puntos centrales, destacó que la reforma busca erradicar el mercado negro del agua, donde particulares obtienen el recurso de manera gratuita y lo comercializan en perjuicio de las mayorías.
Además comentó que la iniciativa también plantea terminar con prácticas como el acaparamiento y la sobreexplotación, que han provocado desigualdad en el acceso al recurso, especialmente para comunidades, pequeños y medianos productores.
El director de Conagua explicó que el dictamen incorpora el principio de que la tierra y el agua forman un binomio inseparable, lo que permitirá que propiedades con concesiones puedan heredarse o venderse respetando el volumen, periodo y uso originalmente establecidos, que reconoce los miles de sistemas comunitarios del país y facilita el acceso al agua para las comunidades más vulnerables.
Efraín Martínez subrayó que las reformas son resultado de un proceso transparente y abierto, que incluye foros legislativos en los que distintos sectores aportaron observaciones y precisiones para fortalecer la iniciativa.
El funcionario afirmó que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y valiente.
Llegamos a transformar el régimen del agua en nuestro país, a terminar con el abuso, con el acaparamiento y con la sobreexplotación para garantizar la viabilidad de este recurso tan preciado para el pueblo de México., Efraín Martínez.
En paralelo, PAN y PRI expresaron dudas y críticas sobre los ajustes anunciados por Morena.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Comisión de Recursos Hidráulicos concluyó el nuevo dictamen e incorporó alrededor de 50 modificaciones al proyecto original.
Sin embargo, para el coordinador priista, Rubén Moreira, los cambios son insuficientes. Aseguró que el documento debe ser retirado para abrir un diálogo nacional sin improvisaciones.
"Vi que llegaron a algunos acuerdos los campesinos; no los tenemos. Yo creo que los parches nunca son buenos. Debe retirarse la iniciativa, abrir una gran convocatoria nacional y construir un proyecto desde cero", dijo en su programa "Con peras, manzanas y naranjas".
Desde el PAN, el vicecoordinador económico, Héctor Saúl Téllez, afirmó que las modificaciones son solo "maquillaje" para contener inconformidades.
A través de sus redes sociales, advirtió que la propuesta sigue representando riesgos para la propiedad de la tierra y la transmisión de títulos, pues quedarían sujetos a decisiones administrativas.
"La nueva Ley de Aguas 'corregida' sigue siendo un peligro, Conagua podrá revocar títulos 'por estrés hídrico' sin juicio ni indemnización justa. Multas de hasta 1.5 millones de pesos a pequeños productores por 'uso ineficiente'", escribió.
El PAN propone garantizar la transmisión automática de concesiones junto con la tierra, un fondo federal de tecnificación con subsidios y que cualquier revocación ocurra solo mediante sentencia judicial. También plantea que el Consejo Nacional de Agua tenga mayoría de usuarios y productores, no de servidores públicos.
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