Rebeca Marín
"Si ganas una licitación pública debes pagar 20 por ciento del contrato asignado", denuncian bajo anonimato empresarios que se dicen afectados por funcionarios del nuevo Poder Judicial de la Federación que hoy recibe el nombre de Órgano de Administración de Justicia (OAJ).
En un comunicado, los denunciantes advierten que, si se niegan a "cooperar", los servidores públicos adscritos al OAJ los amenazan con cancelar sus contratos, y expresan que lamentablemente la situación es tan fuerte que varios inversionistas no quieren exponerse a la denuncia jurisdiccional para evitar que les quiten sus convenios que ganaron de forma legal.
Como parte de esas conductas irregulares ubican como presuntos responsables a Juan Carlos Zamora, de 46 años, originario del estado de Durango, quien ingresó el pasado 1 de septiembre de al Órgano de Administración Judicial, otrora Consejo de la Judicatura Federal, como secretario Ejecutivo de Administración.
En tanto, Jorge Giovanni Guerrero Durán, de 43 años, también originario de Durango, es director general de Servicios Generales del OAJ.
"Lamentablemente, ambos servidores públicos, desde que ingresaron en el Órgano de Administración Judicial, en lugar de desempeñar sus funciones con transparencia y rectitud, han estado corrompiendo a diversas empresas", se destaca en el comunicado.
Los denunciantes señalan que la mayoría que han vivido estas presiones de 'moche' son propietarios de consorcios que tienen una licitación, pero revelarse como inconforme los detiene ante "la amenaza" de perder la contratación de sus empresas en los servicios que ofrecen.
También señalan que, junto con Guerrero Durán y Zamora, Rogelio Ruiz Rasgado tiene un papel relevante en estas conductas, pues presuntamente es quien determina "a quién sí y a quién no se le invita por instrucciones de su director general".
"La Dirección General de Servicios Generales se ha convertido en una pasarela de proveedores, las propuestas técnicas, económicas, adjudicaciones y hasta los contratos, se elaboran por los propios servidores públicos de la DGSG dentro de las oficinas de la misma Dirección General de Servicios Generales, todo en carretera Picacho Ajusco 170", resaltan en el comunicado.
Los empresarios llaman a que el Órgano de Administración Judicial, a cargo de Nestor Vargas Solano, a los 5 integrantes del OAJ, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández, José Alberto Gallegos Ramírez y Surit Berenice Romero, que tomen cartas en el asunto y sancionen a los responsables.
Tras conocerse esta denuncia a través de medios, el OAJ emitió un comunicado en el que informó que el presidente del OAJ ordenó la investigación de hechos mediante la denuncia número CAJ/DGI/INV/270/2025, a partir de un correo anónimo enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Precisó que, con el fin de garantizar la transparencia en las licitaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realizan en el Poder Judicial de la Federación (PJF), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó un Acuerdo General en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes y prestación de servicios, publicado en el 'Diario Oficial el 4 de diciembre de 2025, mismo al que deberán sujetarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Tribunal de Disciplina, el cual contempla que cualquier ciudadano pueda participar como observador de dichos procesos de contratación.
"Se acordaron procedimientos que requieren testigos sociales, quienes han entregado observaciones de algún procedimiento de licitación a la Presidencia del Órgano de Administración Judicial. En este sentido, el OAJ solicitó de manera oficial, desde un principio, el acompañamiento de la Contraloría de Administración Judicial, la cual ha llevado a cabo la revisión de anexos técnicos y asesorado en todo momento en las licitaciones, asegurando el estricto apego a las normas vigentes y de transparencia en cada acto celebrado", dice el comunicado en el que refrendó a su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la cero corrupción, por lo que en caso de que alguna persona física o moral cuente con elementos sobre posibles irregularidades en procedimientos administrativos, puede denunciarlos al teléfono de la Contraloría de Administración Judicial: 5554499590, Ext: 1100 y al correo electrónico: contraloria@oaj.gob.mx.
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