Martín Aguilar
Las familias sociales son integradas por personas que no necesariamente están unidas por vínculos biológicos, sino por relaciones de apoyo, cuidado y vida en común, es por ello que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano busca reconocer y ampliar el termino de familia social en la ley capitalina.
Este tipo de familias son aquellas en las que los integrantes enfrentan discriminación estructural y sus vínculos familiares fallan, tales como las poblaciones callejeras, las personas migrantes, personas privadas de la libertad y liberadas; y las que buscan a sus personas desaparecidas.
"Son redes que acompañan, abrazan y construyen un tipo de familia con vínculos que desafían las categorías", comentó el legislador Royfid Torres al presentar las propuestas.
Detalló que dichas iniciativas buscan dar personalidad jurídica a personas que no tengan lazos consanguíneos para la atención a grupos vulnerables, con ello, se promoverá una vía para dignificar y dotar de justicia a personas desaparecidas que son enviadas a la fosa común al fallecer, así como acceso a otorgarles resarcimiento del daño.
Explicó que una de las iniciativas surge del Parlamento Juvenil realizado hace unos meses y otra del trabajo en conjunto con el Caracol. A.C.
"Buscan establecer y robustecer el término de familia social para que cuando no existan familiares consanguíneos, no se vulnere la dignidad de las personas y se reconozca a las familias sociales en procesos ministeriales y dar certeza a estas conexiones en dichos procesos, incluso el reclamo de desaparecidos", explicó el coordinador de la bancada naranja.
Roy Torres destacó que día a día miles de personas encuentran compañía, afecto y formas de vivir que no se sostienen en las formas tradicionales; redes que permiten sanar, recuperarse y volver a comenzar, pero cuando la ley no las reconoce su reinserción a la sociedad se vuelve más complicada.
El legislador señaló que la Constitución reconoce a los grupos de atención prioritaria que enfrentan discriminación estructural; sin embargo, esta protección se debilita cuando la ley no reconoce a quienes sostienen a estas personas hasta el final de sus vidas.
"Las consecuencias de esta exclusión jurídica son graves: tramites civiles inaccesibles, discriminación en tareas ministeriales, sin derecho a la identidad y nulo acceso a los programas de apoyo social".
Explicó que la otra iniciativa es en beneficio de aquellos quienes en los procesos de búsqueda de sus familiares invierten sus propios recursos, para que puedan tener acceso a un resarcimiento del daño, y al ser el cuerpo de su familiar arrojado a las fosas comunes y se les de el reconocimiento.
"Proponemos que las familias, incluidas las sociales, tengan acceso a reposición del daño, ya que todo esto es resultado de una serie de omisiones y malas actuaciones de la autoridad".
Las iniciativas proponen reformar la Fracción XIV Bis Del Artículo 3 De la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, adicionar dos párrafos al Artículo 118 Del Código Civil para el Distrito Federal, así como reformas y adiciones de las fracciones IV, V, VI y VII del Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General local, cuyos cambios buscarán compensar y resarcir el daño de una persona desaparecida por negligencia institucional y al no ser debidamente identificados son enviados a la fosa común.
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