Rebeca Marín
El retiro del impuesto a los videojuegos anunciado por el gobierno federal cerró una controversia con la comunidad gamer, pero dejó abierto un debate de mayor alcance: la falta de un marco legal que reconozca a los e-sports como una actividad deportiva formal en México, señalaron legisladores.
Durante su conferencia matutina del 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se decidió eliminar el gravamen debido a la dificultad para definir a qué videojuegos aplicaría. En su lugar, indicó que se impulsarán campañas de concientización para prevenir el consumo de contenidos que promuevan la violencia, bajo un enfoque social y no recaudatorio.
Desde Movimiento Ciudadano, legisladores consideraron que la cancelación del impuesto es un avance, pero insuficiente si no se acompaña de una política pública integral que reconozca el impacto económico, social y cultural del gaming y, en particular, de los deportes electrónicos.
La diputada federal Laura Ballesteros sostuvo que el debate no debe limitarse a la fiscalización del consumo digital, sino ampliarse al reconocimiento institucional de los e-sports. Advirtió que, sin un marco legal claro, esta actividad seguirá creciendo sin reglas ni respaldo público, pese a su fuerte arraigo entre las juventudes.
"Qué bueno que recularon con el impuesto, reconocieron que era inviable; ahora falta asumir el reto de fondo", afirmó la legisladora.
México se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes del gaming a nivel global. De acuerdo con el informe Game On: el auge del gaming en México (2025), elaborado por Endeavor México y Banco Santander México, el país es el mercado más grande de América Latina y el décimo a nivel mundial, con más de 76 millones de jugadores activos y una derrama económica superior a 2 mil 300 millones de dólares anuales.
En este contexto, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte y reconocer a los e-sports como una modalidad deportiva. La propuesta fue impulsada por Ballesteros Mancilla, junto con las diputadas Iraís Reyes y Paola Longoria, y el diputado Miguel Sánchez, y plantea una regulación progresiva que permita integrar los deportes electrónicos a las políticas públicas nacionales.
La experiencia internacional, señalaron, respalda esta ruta. Países como Corea del Sur, Francia y China ya reconocen a los e-sports como actividad deportiva, lo que ha permitido su profesionalización y vinculación con sistemas educativos y deportivos.
Para la legisladora, los deportes electrónicos representan un fenómeno social y cultural que transforma las dinámicas de identidad juvenil y cultura digital, por lo que consideró que el Estado debe asumir su responsabilidad regulatoria y dejar de reaccionar de forma parcial ante un fenómeno ya consolidado.
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