Martín Aguilar
Entre mantas, protestas de productores y campesinos, el Senado aprobó en "fast track" y sin cambiarle una sola coma, la nueva Ley General de Aguas que define las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos y elimina la transmisión de concesiones entre particulares.
Con 85 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó con la mayoría oficialista, la ley que establece que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión y que cualquier movimiento de volúmenes deberá hacerse únicamente mediante reasignaciones autorizadas por la Autoridad del Agua mediante procedimientos expeditos.
En el artículo 22, la reforma fija que el otorgamiento de una concesión o asignación se sujetará a lo dispuesto a la Ley y sus reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al menos cada dos años.
"Expropiar el agua, es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo", se leía en una de las mantas que el PAN colgó en el pleno del Senado.
Apenas tres horas después de aprobada en la Cámara de Diputados, la minuta llegó al Senado y de inmediato se subió al pleno para su discusión y aprobación pues el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Adán Augusto López, aseguró que estaban "conformes" con lo que aprobaron sus compañeros diputados en San Lázaro.
El PAN a través de su coordinador, Ricardo Anaya intentó frenar el proceso con una moción suspensiva pero fue rechaza por la mayoría morenista.
"Ahora quieren el control del agua, quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua", fustigó
Anaya alertó que ahora el campesino ya no podrá vender su parcela con una concesión de agua, pues podía transmitir esa concesión.
"Ahora, si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se inventaron ustedes un nuevo procedimiento. Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena. En otras palabras, podrás vender tu tierra, pero el agua, el agua regresa al gobierno", alertó
Según el dictamen, con las modificaciones aprobadas el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.
Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
También integra un catálogo de conceptos sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
"¿En qué momento el campesino pasó de darle de comer al pueblo a delincuente?", fustigó el panista, Mario Vázquez y acusó que esta ley promoverá el coyotaje y la corrupción en perjuicio de los campesinos.
El PRI a través de la senadora, Claudia Anaya evidenció una serie de incongruencias de esta Ley pues acusó que no considera recursos para la inversión hidráulica por lo cual es mentira la narrativa de Morena de que con esta ley habrá acceso al agua para todos los mexicanos.
"Es perverso echar a pelear a la gente del campo con la de la ciudad porque no tendrán acceso al agua sin inversión en infraestructura", acusó
Desde Movimiento Ciudadano, el senador Néstor Camarillo acusó que la ley no devuelve el agua al pueblo, sino que la centraliza en el gobierno: "Este no es un proceso de democratización del agua. Es recentralización".
CARCEL
La Ley de aguas también modifica las sanciones para las personas que hagan mal uso del agua con penas que van de uno a ocho años de prisión.
El artículo 123 Bis establece que, a quien dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro, a sabiendas de que dichas aguas fueron extraídas de manera ilegal, se le sancionará.
Fija que se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y multa de 200 a 2 mil UMA a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales.
Asimismo se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa de 400 a 4 mil UMAS a la persona servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
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