Rebeca Marín
En la Ciudad de México, la presencia de vendedores ambulantes en la vía pública se ha convertido en parte de una escena habitual de sus calles; desde puestos de comida improvisados hasta aquellos que van a pie, incluso en el transporte público, ofreciendo todo tipo de productos.
Detrás de dicha escena, miles de familias dependen del comercio informal para subsistir y las autoridades capitalinas enfrentan el desafío, que no es nuevo, de ordenar un fenómeno que crece más rápido que la capacidad institucional para supervisar.
El Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) tiene un registro de 80 mil 665 vendedores ambulantes en la Ciudad de México (de acuerdo con cifras de este 2025), pero contemplando a los que no están registrados, autoridades estiman que existen cerca de 200 mil.
Con el fin de garantizar el derecho al trabajo con condiciones dignas y de reconocer al ambulantaje como una "actividad legítima, digna y socialmente valiosa", el grupo parlamentario del PRD en el Congreso local presentó una iniciativa para regular el comercio en la vía pública.
El promovente fue el diputado Pablo Trejo, quien aseguró que se trata de una oportunidad histórica para resolver rezagos en materia de derecho al trabajo y certeza jurídica para miles de comerciantes.
El proyecto fue impulsado tras la solicitud de un importante grupo de comerciantes y de dirigentes de tianguis de la capital; se trata de una propuesta robusta, incluyente y retoma lo mejor de algunas iniciativas que fueron presentadas con anterioridad como la "Iniciativa Chambeando Ando".
El legislador puntualizó que el Estado mexicano tiene una deuda histórica en la regulación del comercio en el espacio público, un tema que ha sido reconocido desde la campaña de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Aseguró que la falta de certeza jurídica y la "normatividad existente parcial y ambigua" dejan a los comerciantes a merced de la autoridad en turno, lo que a menudo deriva en prácticas de corrupción y abuso por parte de autoridades.
Detalló que la iniciativa se rige bajo el principio "nada de nosotros sin nosotros"; además busca una ley que dé certeza jurídica, que no sea regresiva ni punitiva y que dicte los derechos y obligaciones con la participación de la base social. Sus principios rectores incluyen:
Progresividad y no regresividad de los derechos; legalidad y seguridad jurídica; corresponsabilidad social; transparencia y rendición de cuentas; igualdad, no discriminación y sustentabilidad.
Trejo comentó que el comercio en el espacio público y el trabajo no asalariado son de las principales actividades generadoras de empleo en la capital; y lamentó que el trabajo de los comerciantes ha sido invisibilizado, e incluso criminalizado durante años, pero cumple funciones sociales vitales.
El diputado destacó que las actividades de los comerciantes favorecen "la densidad y estabilidad del tejido social al establecer un vínculo con la comunidad en el día a día, reforzando el entramado de identidades de barrios y regiones en la gran urbe".
La propuesta legislativa busca transformar la relación entre la autoridad y los trabajadores por cuenta propia. Mientras que la normatividad actual ha sido parcial y ambigua.
"Con frecuencia incurren en prácticas de corrupción y abuso... la nueva ley aspira a un modelo de gobernanza participativa, transparente y sustentable", añadió.
El proyecto busca equilibrar el derecho al trabajo con el derecho a la ciudad, garantizando un modelo de gobernanza participativa, transparente y sustentable, que reconozca al comercio en el espacio público como una actividad legítima, digna y socialmente valiosa.
"Regular el comercio en la vía pública es en esencia, regular el uso de un bien que es de todos", concluyó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Aprovechamiento del Espacio Público para su análisis y discusión.
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