Martín Aguilar
Autoridades del gobierno de la Ciudad de México presentaron este viernes el Informe Mensual de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, el cual incluyó el reciente caso del feminicida de Iztacalco, Miguel N, que fue vinculado a proceso y es investigado por tentativa de feminicidio y desaparición de persona.
En la Ciudad de México todas las muertes violentas de mujeres son investigadas con protocolo de feminicidio, destacaron el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama y el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ulises Lara Ruíz.
Durante la presentación de este Informe, el jefe de gobierno, Martí Batres no dejó de lado la mención de otros hechos mediáticos de violencia contra las mujeres, uno ocurrido en una secundaria y otro en un bachillerato, por lo que destacó no solo las acciones de investigación que realiza la Fiscalía, sino también la Secretaría de las Mujeres que realiza una labor preventiva, cuyo propósito es erradicar la violencia, fomentar la paz e incluso detectar riesgos feminicidas.
Batres Guadarrama destacó que el Informe Mensual de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres es un ejercicio importante que contribuye a tener cada mes una evaluación de cómo vamos, coadyuvar en la construcción de una cultura de igualdad, desterrar toda forma de violencia y ayudar a generar otros valores.
"Esto nos permite saber si vamos avanzando. Aquí englobamos todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo feminicidios y otras muertes violentas, porque hay que señalar, subrayar, recordar, que toda investigación de muerte violenta de mujeres comienza con el protocolo de feminicidio. Es decir, que por principio no se descarta que haya sido feminicidio, al contrario, por principio se empieza a investigar que haya sido o como si haya sido un feminicidio, aunque las investigaciones posteriores puedan dar lugar a otras clasificaciones", señaló el jefe del gobierno capitalino.
Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y criticó a quienes se atreven a descalificar a miles de mujeres y hombres que cuidan a la ciudadanía, poniendo en riesgo su propia integridad física y su vida.
Como ejemplo de lo anterior, mencionó la pronta respuesta de elementos de la SSC que lograron la detención del feminicida de Iztacalco y evitaron su fuga. Asimismo, refirió el caso de la mujer policía que se lanzó al paso de una motocicleta, en la que escapaban dos delincuentes que fueron finalmente detenidos, y el loable gesto humanitario de la mujer policía capitalina que amamantó a un bebé en Acapulco, durante las labores de apoyo por el paso del huracán Otis.
El jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama alertó que eliminar la prisión preventiva oficiosa, como lo pretende hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tendría consecuencias muy graves, ya que podrían salir en libertad decenas de miles de personas generadoras de violencia en todo el país y algunos miles en la Ciudad de México.
Cuando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dicen que quieren quitar la prisión preventiva oficiosa, obviamente nos alarmamos, porque las principales perjudicadas serían las víctimas y especialmente las víctimas por violencia de género", señaló Martí Batres.
Durante la presentación del Informe Mensual de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, el titular del GCDMX señaló que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para modificar la Constitución, ya que es el poder encargado de hacer cumplir la Constitución y no de reformarla.
"Si la Corte eliminará la prisión preventiva oficiosa, podría tener consecuencias muy graves en todo el país y podrían salir en libertad decenas de miles de generadores de violencia en el país y algunos miles en la Ciudad de México", manifestó Batres al agregar que la tener más órdenes de aprehensión impide que el agresor esté libre y ponga en riesgo a la víctima y a otras personas.
"¿Qué pasa si, por ejemplo, se detiene a un feminicida? Se tienen un conjunto de evidencias, elementos para iniciar la judicialización, pero se toma la decisión de que aún y cuando tiene que cursar por todo un proceso hasta llegar a una sentencia, que a veces ocurre años después por todos los procesos que hay de por medio, se dictan medidas y se dicta una medida muy importante que es la prisión preventiva oficiosa", abundó.
Al señalar que sí la persona queda vinculada a proceso, pero la medida cautelar es solo que vaya a firmar cada mes, Batres Guadarrama indicó que esto eleva el nivel de riesgo de las víctimas, puede seguir agrediendo y evadirse de la justicia.
"No es suficiente que vaya a firmar cada mes o cada 15 días, ni siquiera cada semana, porque la víctima de un caso así se encuentra prácticamente aterrorizada cuando la medida cautelar, implica o permite que siga libre el agresor", puntualizó.
Por lo anterior, llamó a la Suprema Corte de Justicia a la sensatez y que consulten a los gobiernos y a todas las instancias, especialmente a aquellas encargadas de defender a las víctimas.
0 Comentarios