Martín Aguilar
Netzaí Sandoval, uno de los excolaboradores de Arturo Zaldívar investigados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), desmintió públicamente las acusaciones que un denunciante anónimo realizó en su contra.
Sandoval Ballesteros, actual coordinador de ponencia de la ministra Lenia Batres, publicó en su cuenta de Twitter que la actual investigación llevada a cabo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de tres excolaboradores de Arturo Zaldívar y demás jueces y magistrados se trata de una "campaña de difamación", y acusó que la información contenida en el expediente de investigación J/108/2024 no aporta ninguna prueba contundente en contra de los implicados.
Además, cuestionó la influencia del proceso electoral en esta investigación y reclamó que no se hayan testado los nombres de los acusados, como se hace comúnmente.
El PJF testa los nombres de los acusados en las sentencias. Pero en este caso filtraron los nombres de todos los imputados en un anónimo. Qué raro ¿no? ¿Es común que una investigación se emprenda aceleradamente con este desaseo en época electoral?", publicó.
Al igual que Sandoval, este marte el exministro Arturo Zaldívar anunció que Norma Piña, actual presidenta del PJF, busca influir en el proceso electoral con esta investigación, y por ello, advirtió que buscará un juicio político contra la ministra y la denunciará ante las autoridades correspondientes.
Quien fuera acusado por su actuación como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), desglosó en sus redes sociales varios de los señalamientos en su contra, y aportó evidencia que, según su criterio, desmiente las acusaciones en su contra.
Entiendo que no soy el objeto principal de la actual campaña de difamación. Se pretende afectar a personas y a movimientos de largo aliento que están luchando por la transformación del país. Pero es mi deber aclarar algunas cosa, dijo.
Respecto a las denuncias por supuesta corrupción en la creación de una unidad de peritos adscrita a la IFDP, Netzaí Sandoval aseguró que "nuestros peritos ganaban menos que los de CJF y atendieron más de 21 mil casos."
Al excolaborador de Zaldívar también se le acusa de que "prohibió que los defensores promovieran amparo contra la falta de atención médica en Covid, para que no se viera "inflada" la estadística del gobierno".
Ante esto, indicó que la Defensoría Pública atendió a miles de personas para recibir la atención adecuada ante la crisis sanitaria a través del trámite de amparos colectivos.
Sobre el argumento que le vincula con un Pent House de lujo en la zona de Santa Fe en la CDMX, Sandoval negó esto e indicó que vive "muy lejos" de esa zona en un departamento.
Otra de las acusaciones que refutó fue la que advierte que "contrató defensores que no cumplían con el perfil", refiriéndose a Raúl Amador Quezada, Miguel Ángel Ortega Sánchez, Alma Berenice, Ángela Vera Valdés y María Elena Albores Cordero, quienes, se advierte, "compraron su plaza".
Netzaí Sandoval dijo que todas estas personas son Doctores en Derecho y fiscales. E informó que dos de ellos aún trabajan en el IFDP como directores de área en la nueva administración. "Si no cumplían con el perfil ¿por qué siguen ahí?", cuestionó.
Advirtió también que cada nombramiento era aprobado previamente por la Comisión de Administración del CJF.
Sandoval también refutó acusaciones que le vinculan con la construcción de un roof garden de lujo en una terraza; sobre supuestos cobros para representar mujeres acusadas por delitos del fuero común; y una supuesta complicidad con el Presidente de la República al proponerlo para ser magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa y para ser Consejero de la Judicatura por el Senado.
Asimismo, la denuncia contra Netzaí aborda una supuesta influencia en casos como la Ley de Hidrocarburos, Industria Eléctrica, Santa Lucía, Tren Maya, Lozoya, Infonavit, Telecomunicaciones, Extradición. "En ninguno de ellos participó el IFDP ¿cómo favorecí a alguien en casos que no llevé?", puntualizó.
Sandoval Ballesteros anunció que, tras estas supuestas acusaciones falsas, exigirá que se investigue quién ordenó la filtración a medios masivos de comunicación dado que las personas que no resguardaron los documentos violan el art. 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y pueden ser sancionadas.
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