Martín Aguilar
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) identificó a un centenar de grupos supremacistas blancos y contingentes de odio que han resurgido a partir de la Ley SB-4 impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbot, que permite a las autoridades estatales detener y deportar a los migrantes sólo por su apariencia.
Informes de la agencia estadounidense advierten que en los grupos detectados operan ideologías neonazis y antiinmigrantes, por lo cual todas sus acciones se llevan a cabo con base en nociones supremacistas que observan una nación dominada y poblada por blancos.
Una de las ideas que algunos de estos grupos manifiesta abiertamente es la de un supuesto plan secreto del gobierno de México y los mexicoamericanos para cercenar el sureste de Estados Unidos y crear un nuevo país, Aztlán.
"El número de agrupaciones de odio que operan en Estados Unidos ha aumentado en todo el país, en gran medida alimentado por medidas antiinmigrantes como la SB-4 en Texas, en la frontera con México, donde al menos un centenar de organizaciones operan, y la SB-1718 en Florida", advierte el FBI en un reporte elaborado en enero pasado.
Entre los grupos identificados por la autoridad estadounidense están American Border Patrol, cuyos integrantes salen prácticamente a cazarmigrantes; la Federación por la Reforma de Inmigración en Estados Unidos (FAIR), Patriotas Constitucionales Unidos y El Ejército de Dios, cuyos miembros y fundadores están relacionados con grupos supremacistas y neonazis. Todos tienen como finalidad impedir la entrada de migrantes y generalmente lo hacen con métodos violentos, desde intimidaciones hasta asesinatos.
De acuerdo con Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero), estos grupos comenzaron a surgir en la década de los 90, cuando los flujos de migrantes hacia la Unión Americana se incrementaron marcadamente.
"La presencia mediática y el éxito político de esos grupos se debe a la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos, al relanzamiento del discurso patriota en defensa de las fronteras y la segregación de tinte antimexicano que cada cuatro años dominan las elecciones en la Unión Americana", agregó.
Estas organizaciones, de acuerdo con el FBI, aprovechan ahora las redes sociales para fomentar el sentimiento de odio contra la llegada de indocumentados, cuyo número rompió récord el año pasado con casi 2.5 millones de detenciones.
"En última instancia, tener una frontera significa estar preparado para tener hombres armados dispuestos a usar la fuerza para detener a quienes intentan cruzarla. Si no estás dispuesto a hacer eso, entonces tu frontera es falsa; cualquiera que lo desee con todas sus fuerzas puede simplemente entrar por la fuerza", escribió en su cuenta en X, Charlie Kirk, fundador y presidente de la organización conservadora Turning Point USA.
"Es hora de tratar con dureza a los invasores, gobernador Abbot. Tenemos armas sónicas y de ondas milimétricas para control de multitudes. Es hora de usarlas", escribió otro usuario de X.
La ley SB-4 permanece congelada hasta nuevo aviso, ya que el tribunal de apelaciones del quinto circuito de Nuevo Orleans no ha fijado una postura sobre si esta legislación viola o no la Constitución de Estados Unidos.
El miércoles, la corte de apelaciones escuchó las posturas sobre la misma por parte de las autoridades federales y las texanas, pero hasta el momento no ha emitido algún pronunciamiento
"La SB-4 continúa suspendida. La SRE sigue firme en la defensa de los mexicanos ante leyes discriminatorias en Texas y Estados Unidos", manifestó la canciller Alicia Bárcena tras la audiencia del miércoles que mantiene la legislación congelada.
La norma, firmada por el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado, autoriza a las fuerzas de seguridad de Texas a arrestar a personas bajo la sospecha de que hubieran ingresado irregularmente al estado por la frontera sur con México.
Además, considera que la entrada irregular al territorio es un crimen estatal que puede ser castigado hasta con seis meses de cárcel, o 20 años si la persona es reincidente. La medida también autoriza a los jueces estatales a expulsar a las personas detenidas directamente a México.
La decisión del tribunal, de acuerdo con Luis Dávila, integrante del Movimiento Mesoamericano Migrante, puede incrementar el sentimiento antiinmigrante de estos grupos ante la impotencia de no haber logrado el cometido de Abbot.
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