Este 22 de septiembre la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX), sentó un precedente para fiscalizar a los partidos políticos.
De ahora en adelante esa facultad no sólo es competencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ello se logró tras dos consistentes exhortos aprobados por el pleno del Congreso de la Ciudad, donde solicitó a la ASCDMX auditar las finanzas del Partido de la Revolución Democrática en la capital.
Lo anterior por los malos manejos que realizaron los responsables de las finanzas, incondicionales de Jesús Zambrano y Víctor Hugo Lobo Román.
Lo que es vox populi es la contratación de empresas fantasmas, falta de pagos de impuestos y nómina a los trabajadores durante meses.
Toda la suma de abusos e irregularidades provocó la pérdida de registro del PRD en el plano nacional, con sobrada responsabilidad de Zambrano y su operador político Ángel Ávila Romero.
Al asumir como diputada al Congreso de la Ciudad, la actual presidenta del PRD, Nora Arias Contreras, presentó dos exhortos solicitando auditar el opaco manejo de las prerrogativas de 2023 y 2024.
La Auditoría Superior de la CDMX es la entidad fiscalizadora del Congreso en cuanto a ingresos y gastos públicos locales, así como su evaluación, según su ley de Fiscalización y Reglamento Interior.
Derivado del mandato del Congreso, la Auditoría solicitó la información respectiva al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) y al Instituto Nacional Electoral (INE).
Hubo resistencias del INE, pero al final de cuentas "proporcionó diversa información y documentación" del PRD en la Ciudad de México, "misma que se encuentra en proceso de análisis".
Mediante un oficio enviado al presidente del Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, el auditor Edwin Meraz Ángeles, reportó que la auditoría solicitada se encuentra en etapa de "ejecución, evaluación y revisión de la información".
Precisó que el resultado formará parte del Segundo Informe Parcial del Resultado de la Cuenta Pública que se entregará al Congreso el último día de octubre.
En su comunicado al Congreso, Edwin Meraz dejó en claro que dicha información también forma parte de "un procedimiento de liquidación", bajo la responsabilidad de un especialista, en este caso del auditor Ricardo Badin Sucar.
El caso es que hay un procedimiento de fiscalización a las finanzas del PRD en la Ciudad de México, y no precisamente por el INE que se abroga esa "facultad exclusiva".
¿Se llegará a las últimas consecuencias? ¿Se fincarán responsabilidades? ¿Habrá sanciones? Eso lo decidirá la Auditoría en proceso.
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