Rebeca Marín
Este martes 16 de abril de 2024, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la reforma al Código Penal, por la cual se establece el delito de corrupción inmobiliaria en la capital del país con penas que van de 10 a 20 años de prisión.
En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama informó que el objetivo es ponerle un freno a la corrupción inmobiliaria y responder a las exigencias de los vecinos de muchas colonias.
El funcionario recordó que el pasado 9 de enero de este año envió una iniciativa para establecer un nuevo delito en el Código Penal llamado corrupción inmobiliaria y en días pasados el Congreso de la Ciudad de México aprobó esta reforma.
"En el caso de las sanciones por el delito de enriquecimiento ilícito, la pena es de 1 a 10 años de prisión, por ejercicio abusivo de funciones, de 5 a 20 años de prisión y por corrupción inmobiliaria, la penas es de 10 a 20 años de prisión con independencia de las penas que se impongan por otros delitos porque el mismo funcionario puede ser juzgado por corrupción inmobiliaria y simultáneamente por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones".
El mandatario explicó que simplemente en el caso de corrupción inmobiliaria cuando se obtenga un beneficio económico por otorgar permisos para construcciones, la pena se agrava de 15 a 30 años de prisión.
Batres Guadarrama mencionó que el Congreso de la Ciudad de México decretó la creación del capítulo 15 y el artículo 276 cuater: Corrupción Inmobiliaria.
"Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, por las conductas descritas en este artículo se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión con independencia de las otras sanciones que proceda por la comisión de otro tipo de delitos, la pena establecida en el párrafo anterior, se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos ya sea en efectivo o en especie al propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes por consanguineidad, o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa o a socios, sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, esto dice el nuevo artículo que describe el delito de corrupción inmobiliaria".
El funcionario recordó que en año y medio el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda encontraron 130 obras irregulares con pisos de más y aclaró que las alcaldías son quienes otorgan los permisos completos para una construcción así como la manifestación de obra, licencias de demolición, permisos de excavación y las autorizaciones para la obra.
Por este caso de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez hay más de una docena de órdenes de aprehensión autorizadas por los jueces, nueve detenidos, cuatro fugados y cuatro sentenciados que a lo largo del juicio aceptaron su responsabilidad y admitieron su culpa en total se habla de 26 funcionarios involucrados.
"Los cuatro sentenciados están pagando una reparación del daño que hasta este momento abarca un conjunto de inmuebles por un valor de 100 millones de pesos. Y a lo largo de 12 años algunos calculan que el cártel inmobiliario de Benito Juárez por lo menos ha ganado mil millones de pesos por permitir construcciones ilegales o autorizar pisos de más".
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