Diversos colectivos que defienden los derechos humanos en el país han advertido sobre las negociaciones avanzadas para que el gobierno federal adquiera próximamente la terminal petrolífera "Servitux", ubicada en Tuxpan, Veracruz, misma que está en calidad de "inoperable" y que causaría graves trastornos al medio ambiente, de manera particular el acceso al agua potable
Por una parte, el colectivo Justicia Transversal Mexicana (JTM) advirtió a los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en especial a su titular Octavio Romero Oropeza, de una innecesaria sangría al erario mexicano en perjuicio de la población, al adquirir la terminal Servitux, "vamos a perder millones de dólares en una estructura petrolera no operable".
El abogado de JTM, Mauricio Santiago Eder, recordó que dicha terminal veracruzana fue cerrada en 2021, debido a sus graves deficiencias estructurales, La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT), iniciada en 2018, y suscribía un proceso de adquisición con la multinacional KKR, propietaria de Servitux.
"La creación de la TIFT, enmarcada en la reforma energética de 2013, tuvo como objetivo almacenar petrolíferos importados. Pero, la administración de Servitux estuvo a cargo de Servicios y Terminales de Tuxpan, conformada por SSA México y SSA México Holdings, operación que falló y que perjudicó las finanzas nacionales y el medio ambiente", explicó.
Por si fuera poco, Santiago Eder recordó que entre los años 2018 y 2019, se produjeron cambios en los apoderados de la empresa, que incluyó a personajes con vínculos políticos y que generan dudas razonables sobre graves conflictos de interés, en la actual administración de Pemex.
Por otra parte, el presidente del Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), que preside Jesús Fierro Hernández, explicó que existen dictámenes en materia de derecho ambiental que indican que "la terminal petrolífera "Servitux" ocasionaría --de reactivarse-- un "grave" impacto en contra de la flora y fauna de esta región del país, en especial la contaminación del agua".
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, enumeró algunas de las "graves anomalías" detectadas por los expertos en los dictámenes, como tanques con deficiencias estructurales, modificaciones no autorizadas por la autoridad ambiental, exposición a material tóxico en extremo, entre otras.
Recordó que "la terminal petrolífera Servitux, de Tuxpan, Veracruz, fue clausurada en mayo de 2021, sin embargo, la terminal continuó operando durante los meses posteriores, lo que plantea dudas razonables sobre el deterioro de estas instalaciones especializadas en materia petrolífera", explicó.
El abogado Jesús Fierro, agregó, que la clausura de esta terminal petrolífera "generó preocupaciones sobre la posible interferencia gubernamental en el sector privado, ya que en aquel tiempo la firma Monterra Energy presentó una denuncia penal en 2022, buscando una posible compensación; pero en 2023, Pemex mostró interés en adquirir Servitux a KKR por una cifra que supera los 320 millones de dólares, una cifra considerablemente menor al reclamo inicial".
Ambos colectivos que defienden los derechos humanos han subrayado que, el gobierno federal está a tiempo para detener esta transacción innecesaria, que ocasionará una sangría al país y, que, perjudicará el medio ambiente -la flora y la fauna- así como la afectación a nuestro recurso primordial que es el agua.
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